¿Qué esperar de la reanudación del diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición?

El lunes se confirmó el reinicio de las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y el sector de la oposición agrupado en la Plataforma Unitaria, según detalló la delegación diplomática de Noruega en México, que luego fue replicado por las dos delegaciones en sus cuentas de X.

El formato, instalado en agosto de 2021 en la Ciudad de México, se planteó como objetivo alcanzar un acuerdo para destrabar la situación política y económica en el país suramericano, con la facilitación del Reino de Noruega, al tiempo que Países Bajos y la Federación de Rusia fungirían como garantes del proceso.

Problemas y exigencias

Pese a la buena voluntad expresada por las partes, en dos años las conversaciones no han avanzado en temas sustantivos y apenas se han cumplido algunos de los puntos de los documentos suscritos por las partes, principalmente por las trabas impuestas por EE.UU. para la liberación de los recursos del Estado venezolano, confiscados en entidades financieras estadounidenses.

A inicios de 2023, el presidente Nicolás Maduro denunció que Washington se negó a entregar unos 3.200 millones de dólares para la ejecución de proyectos en áreas prioritarias, a través de agencias de las Naciones Unidas, e instó a la Administración de Joe Biden a cumplir con lo firmado en noviembre del año anterior.

Desde la Casa Blanca respondieron al mandatario con una amenaza: mantener “intacta” su política de sanciones y bloqueos, hasta tanto no se dieran “pasos concretos” hacia lo que desde Washington consideran “el regreso a la democracia” de la nación suramericana.

Ante la falta de concreciones, el 10 de marzo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe de la delegación del Ejecutivo en el diálogo, advirtió que solo regresarían a la mesa si EE.UU. levantaba incondicionalmente las sanciones y bloqueos financieros, liberaba al diplomático Alex Saab –encarcelado irregularmente en Florida bajo acusaciones de lavado de activos– y devolvía a las autoridades venezolanas el control de todas los recursos del Estado retenidos fuera de sus fronteras.

Hace algunas semanas, un portavoz de la Casa Blanca reiteró que el levantamiento –aún parcial– de las sanciones está condicionado a lo que la Administración Biden denomina “medidas concretas para restaurar la democracia, que conduzcan a elecciones libres y justas”.

Motores electorales

El anuncio del reinicio de las negociaciones ocurre a menos de una semana de que se realice la consulta de la Plataforma Unitaria para seleccionar a su abanderado presidencial, en medio de un escenario plagado de polémicas e incertidumbres.

Así, aunque la Comisión encargada de organizar la consulta solicitó apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral (CNE), luego no estuvo dispuesta a seguir los lineamientos del árbitro, demandó garantías que están fuera de su competencia y se decantó por un proceso autogestionado opaco y con escasas garantías para los electores.

Además, en las últimas jornadas, varios aspirantes se han bajado de la lista con distintos argumentos. La lista incluye al dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, al dirigente socialcristiano Roberto Enríquez y a Freddy Superlano, abanderado del partido ultraderechista Voluntad Popular, al que también pertenecen Juan Guaidó y Leopoldo López.

La mayoría de las firmas encuestadoras le otorgan clara ventaja a la dirigente ultraderechista María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación de 15 años para el ejercicio de cargos públicos y sigue sin estar claro cuál sería el camino a seguir para reemplazar su candidatura, si la restricción no es levantada.

Mientras, del lado del Gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tiene varios meses desplegado en movilizaciones de calle en todo el territorio, cuyo registro gráfico es habitualmente compartido por el propio Maduro en sus redes sociales.

Caracas y Washington cara a cara

Si bien las negociaciones se plantean formalmente entre el Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria, el devenir del proceso ha mostrado que la interlocución de más alto nivel se ha dado entre Caracas y Washington, al tiempo que la oposición extremista ha quedado relegada a un segundo plano.

La semana previa, Reuters reportó que desde hace varios meses, Catar ha acogido reuniones con representantes de Venezuela y EE.UU. para reinstalar el diálogo. Y si bien se afirmó que las dos delegaciones han concurrido a Doha por separado, trascendió que el alivio de las coerciones sobre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) fue un tema de conversación.

A este respecto, la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) informó que en los encuentros de Catar se negoció “la autorización a una empresa petrolera francesa para recibir crudo venezolano como pago de deuda”. Se trataría de la francesa Maurel & Prom.

En adenda, a principios de octubre, los dos países acordaron un protocolo para la repatriación “ordenada y segura” de venezolanos que ingresaron irregularmente a EE.UU., sin que ello implicara el fin de otras iniciativas como el ‘Parole’.

La delegación de la Plataforma Unitaria no participó de los encuentros en Catar y tampoco se dio cuenta de su eventual participación en el pacto migratorio anunciado hace pocas jornadas.

Historial de fracasos

En la última década, el Gobierno de Nicolás Maduro ha convocado reiteradamente al diálogo con el sector más radicalizado de la oposición. Pese a los esfuerzos y el respaldo internacional, las iniciativas han fracasado o han tenido resultados muy magros.

En 2017, representantes del Gobierno venezolano y la coalición opositora derechista se sentaron varios meses en República Dominicana para discutir la normalización del país tras meses de protestas violentas alentadas y financiadas por esa facción política, en interés de derrocar al mandatario.

Todo parecía indicar que la apuesta, que fue acompañada por el entonces presidente dominicano Danilo Medina y el exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, llegaría a buen puerto, pero en febrero de 2018, la oposición se negó a firmar la declaración final y pidió más tiempo para estudiar el documento. Finalmente, optaron por presentar una propuesta unilateral que no fue aceptada por la delegación gubernamental y el formato colapsó.

Este fracaso tuvo una enorme incidencia sobre el devenir político de Venezuela en el siguiente lustro. El bloque decidió no concurrir a los comicios presidenciales de ese año alegando –sin pruebas– falta de garantías electorales y ese hecho fue usado como excusa por la Administración de Donald Trump para imponer severas sanciones contra PDVSA y luego apuntalar el pretendido Gobierno interino de Juan Guaidó.

Pese a la difícil situación en la que se encontraba, en 2019 el Ejecutivo insistió en las negociaciones con el ala derechista de la oposición en Barbados y Noruega. En esta oportunidad, EE.UU. no ocultó su implicación y decretó el fin de los intercambios.

“El tiempo del diálogo ha terminado, ahora es el momento para la acción”, declaró a principios de agosto de 2019 el entonces asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Un mes más tarde, los voceros del interinato anunciaron que el formato de Barbados se había agotado, luego de que los representantes gubernamentales reclamaran a Washington por la imposición de una nueva ronda de sanciones y se negaran a concurrir a la cita.

Luego de dos años y tras intensas negociaciones fuera del ojo público, las partes volvieron a verse las caras en la Ciudad de México en medio de grandes expectativas, pues al proceso se le atribuyó un carácter definitorio, en parte porque era evidente que la estrategia de cambio de régimen impulsada por Washington había fallado y la oposición extremista se había quedado fuera del tablero político local, al no presentar aspirantes a las elecciones legislativas celebradas en diciembre 2020.
Empero, como en las oportunidades previas, las dificultades no tardaron en aparecer.

La diferencia es que actores como Francia, Argentina o Colombia, que en 2019 mostraban abierta hostilidad hacia la Administración de Maduro, unieron esfuerzos para reanimar el diálogo y conseguir que se acordaran como líneas estratégicas tanto el levantamiento de todas las coerciones como las “garantías electorales” que demanda la Plataforma.

¿Qué esperar?

Las condiciones impuestas por el Gobierno de Venezuela el pasado marzo para sentarse nuevamente con la Plataforma Unitaria iban dirigidas directamente a EE.UU. De allí que los intercambios de Catar se hayan dado entre esos dos actores y sin el concurso de los dirigentes del sector más radical de la oposición, que ahora mismo no tendría nada que ofrecer en la mesa.

A contrapelo de los reportes aparecidos en los últimos meses, este lunes, un funcionario estadounidense que habló con The Washington Post bajo condición de anonimato, sostuvo que las “conversaciones clave son entre la oposición y Maduro”.

Según publicó El País la semana previa, uno de los asuntos clave en la negociación de Barbados sería la divulgación de la fecha acordada para los comicios presidenciales de 2024, así como las condiciones de acompañamiento electoral.

Por otra parte, el eventual triunfo de Machado en la consulta interna del venidero 22 de octubre, introduce dos incógnitas: el levantamiento de la inhabilitación que le fue impuesta por la Contraloría, en razón del aparente uso fraudulento de fondos públicos, y su abierta hostilidad hacia el ente electoral.

Ninguna de sus declaraciones públicas hacen suponer que se bajará de la carrera presidencial y, antes bien, analistas sugieren que aceptó medirse en la consulta interna para legitimarse como líder de la oposición extremista y conseguir una posición similar a la que en su día ostentó Guaidó.

Venezuela ha insistido en que las inhabilitaciones no se dejarán sin efecto porque ello implica quebrantar la ley, mientras que la Plataforma Unitaria no ha definido cuál sería el mecanismo para reemplazar a un aspirante inhabilitado.

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