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Cierran los hospitales psiquiátricos en México

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El pasado 16 de mayo de este año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General de Salud en materia de Salud Mental y Adicciones, que previamente había sido aprobada por las cámaras de Diputados y de Senadores, que busca la transformación sustancial del modelo de atención psiquiátrica hacia uno menos centralizado y más comunitario, lo que implica ir cerrando los centros psiquiátricos y sustituirlos por unidades más pequeñas de atención emergente y un mayor cuidado de las personas con enfermedades mentales por parte de sus familiares.

La medida, que ya ha sido experimentada en otros países, dividió opiniones y provocó preocupación, dudas y rechazo, por lo que nos dimos a la tarea de escuchar a las voces a favor y en contra de tal medida.

La diferencia entre ser libre o no: Ángel Salvador Ferrer

“La salud mental es algo que nos concierne a todos ya que somos reales o potenciales usuarios de los servicios de salud mental, por lo que se tiene que legislar asumiendo que todas las personas tenemos una capacidad jurídica idéntica”, asegura Ángel Salvador Ferrer, coordinador de Programa Prevención de la Tortura de la organización Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social.

Es por ello que considera que la reforma al capítulo 7 de la Ley General de Salud, aprobada por el Congreso de la Unión el 22 de marzo de 2022, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo, es ventajosa porque no discrimina a las personas a las que va dirigida, no niega la calidad jurídica de las personas enfermas, quienes ya pueden opinar si quieren ser internadas o no en instituciones o si prefieren seguir su tratamiento en familia.

El especialista advierte que desde hace 30 años México se había comprometido en foros internacionales a trascender el modelo asilar, representado principalmente por el hospital psiquiátrico, por el manicomio, donde la experiencia mostraba que existían constantes violaciones a los derechos humanos de las personas internadas. Pone como ejemplo el tristemente famoso caso del hospital de La Castañeda, que se cerró por sus deficiencias.

“El hospital psiquiátrico es la manifestación de un modelo de atención basado en la segregación a través del internamiento. Sobre si aislar a un paciente es bueno o malo, depende de los matices, y el tema de la voluntariedad es central: pregúntele usted a cualquier persona que ha salido de un área de cuidados intensivos si está conforme con la intervención que recibió, probablemente le dirá que sí; en cambio vaya a los psiquiátricos y pregunte si la población está conforme con el plan de atención que tienen, si quieren estar ahí o si quieren salir, la mayoría no quiere estar. En los psiquiátricos la regla general que opera es la involuntariedad”, detalla Salvador Ferrer para quien esta diferencia entre voluntariedad e involuntariedad es más ni menos la diferencia entre la de ser una persona libre o no.

Entiende que los internamientos que se producen en los hospitales son para atender cuadros específicos, situaciones críticas, generalmente de corta duración. Una persona internada en un hospital puede estar unas horas, unos días, y en algunos casos algunas semanas. Pero en los psiquiátricos de México, asegura el especialista, más de un tercio de la población lleva internada al menos cinco años.

Imaginemos la recuperación de una dolencia física cualquiera, tras cinco años en un hospital: esa persona no se sentiría lista, tendría miedos y preocupaciones para enfrentar la vida. Quedaría con los lazos afectivos, laborales y sociales quebrados.

“Imagínese esos cinco años encerrado, sin lazos, sin bienestar mental y, además, en entornos donde las condiciones humanas y materiales no alcanzan los estándares de dignidad: instituciones con deficiencias estadísticas en términos de derecho humanos, lugares sin baños, con celdas en muy malas condiciones.

“Nosotros, con tan sólo cuatro meses de encierro por Covid vemos afectada nuestra salud mental, aun estando en casa, con unas condiciones mucho mayores. El encierro nos empeora mucho las condiciones de salud mental”.

Como ejemplo, cuenta el caso de una persona que estuvo dos años ingresada en un hospital de Cataluña por Covid-19, donde recibía cuidados constantes y terapias. Todo ello de manera voluntaria. Y cuando salió dijo que tenía miedo, porque llevaba demasiado tiempo internado y que no sabía si iba a estar bien para hacer las cosas cotidianas”.

La apuesta inicial

A la pregunta de qué va a pasar con las personas que están internadas actualmente, Ferrer responde que más bien tendríamos que reflexionar sobre cómo la están pasando ahora ellos, si la solución a sus problemas es mantenerlos internados de forma indefinida, esperando a que se marchiten sus esperanzas, sus ilusiones, sus círculos personales hasta que la persona muera. “Si esa es la solución que se propone, pues es una iniciativa nada atractiva”.

A la pregunta de que si la ley garantiza que nada de eso suceda y todo se va manejar de la mejor manera de aquí en adelante, el especialista asegura que la ley por sí misma no garantiza nada. La ley es una apuesta inicial. Luego hay que operarla. Una ley no va a cambiar todo el sistema.

“Eso dependerá de cómo sea el desarrollo de las políticas públicas en la materia, de la asesoría que familiares y pacientes reciban, de cómo se opere. Lo que sí hace la normativa es que genera las bases para poder cambiar los problemas mencionados”.

Primero, explica, se tiene que ver cuántas y por qué hay personas abandonadas en psiquiátricos, por qué el 80% del presupuesto a la salud mental va dirigido al hospital psiquiátrico, lo que impide que haya otros espacios intermedios donde se brinde atención psiquiátrica sin llegar a la privación de la libertad.

Para Ángel Salvador Ferrer lo ideal es que existan políticas de prevención a las condiciones discapacitantes que exijan aislamientos. Primero hay que tratar un primer nivel de atención para que la enfermedad no vaya escalando. Eso es lo importante, recalca.

Y aclara que el cambio de modelo propuesto en la nueva ley no deja toda la carga de la responsabilidad y el cuidado de los pacientes a las familias, con todo el costo económico que tendría y con todo el sufrimiento que conllevan estos procesos. En ningún caso este cambio de modelo implicaría que las familias asuman una responsabilidad adicional que no deben tener cuando la enfermedad llegue a un tercer nivel.

Ferrer es enfático en que la ley no dice que se van a cerrar los psiquiátricos. “La ley dice que se van dejar de construir y vamos hacer una transición más escalonada hacia la comunidad ¿Cómo se propone esta transición? En que haya servicios eficientes de respuesta a desescalamientos de crisis, primeros auxilios psicológicos, servicios de apoyos entre pares, servicios hospitalarios también para atención a la salud mental intermedia, lo que puede incluir servicios de vivienda asistida, de centros comunitarios, entre otros muchos.

Esta descentralización quita del centro de la atención a los manicomios, donde se somete a los enfermos a tratamientos farmacológicos por tiempo indefinido. Se busca que las familias tengan atención cercana y no realicen grandes desplazamientos a zonas periféricas de los núcleos urbanos donde están los hospitales, a trasladarse a los centros que están en carreteras de Oaxaca, de Ciudad de México y Monterrey.

Se buscará tener una atención menos costosa de ser operada, en centros comunitarios de primer nivel donde exista apoyo psicológico o donde se ayude a trabajar en el seno familiar, lo que va a ser mucho más barato para todos y evitará el escalamiento de las enfermedades.

Sobre cómo han funcionado esquemas similares en el mundo, Ferrer asegura que no hay uniformidad en eso, que cada quien ha aplicado de manera distinta el modelo. Aunque pone como ejemplo el Opendata Love, de Finlandia, “donde realmente se prestan unos servicios de excelencia a personas en crisis por dolencias de salud mental, que evitan muchísimos internamientos y sufrimientos personalizados.

“Tenemos también ejemplos de servicios basados en hospitales. Está el caso de Los Cats, en Brasil, en Sao Paulo, que funcionan adecuadamente. Están los grupos de Escuchando Voces (Hearing Voices), que se definen como personas que escuchan voces y tratan de apagarlas. Este es el tipo de organizaciones intermedias, preventivas, comunitarias, que ayudan más que encerrar a alguien a la primera, o como única opción”.

El especialista asegura que no se prevé ninguna situación caótica con la aplicación de esta norma ni por el desplazamiento de responsabilidad a las familias. Lo que se está haciendo es tener un sustento legal para generar una transformación certera y real.

De paso reconoce la valentía de las autoridades para aplicarla, a los servicios de atención psiquiátrica, a la Comisión Nacional contra las Adicciones por promover una reforma sumamente garantista, con muy pocos precedentes a nivel internacional.

“En lugar de vértigo debemos tener determinación para poner manos a la obra y trabajar. Tenemos ahora un contexto legal adecuado para ahora ponernos a desarrollar las normativas accesorias, reformar el funcionamiento de las NOM 025 y 028 de servicios de atención psiquiátrica”, recalca Ángel Salvador Ferrer, coordinador de Programa Prevención de la Tortura de la organización Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social.

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