Después de un par de semanas de titubeos, la Asociación de Estudios Latinoamericanos (Lasa) ha dado el paso esperado por muchos de sus miembros cubanos con la publicación de un comunicado que “condena la represión política en Cuba” en términos generales, aunque lo hace “en particular” por el caso de la historiadora Alina Bárbara López Hernández, declarada culpable de un delito de desobediencia por un tribunal de Matanzas el pasado 28 de noviembre.
“Desde hace varios meses, la doctora Alina López Hernández ha sido objeto de actos de represión e intimidación a cargo de autoridades de su país”, señala en el texto, divulgado a través de la página web de la institución, con sede en EE UU.
Lasa acusa específicamente a la Policía, la Seguridad del Estado y la Fiscalía de violar los derechos humanos y ciudadanos de la intelectual matancera, y enumera varios de ellos, incluido el acoso en redes sociales, las agresiones físicas, la suspensión del servicio de internet, la prohibición de viajar y las presiones a su entorno más próximo.
Lasa acusa específicamente a la Policía, la Seguridad del Estado y la Fiscalía de violar los derechos humanos y ciudadanos de la intelectual matancera
La asociación califica de “ilegítima e inconstitucional” la citación que las autoridades realizaron a López Hernández y a la que se negó a acudir, hecho por el que fue acusada y puesta bajo reclusión domiciliaria en junio de este año. “La vista oral se produjo en un contexto militarizado e intimidatorio, con claras demostraciones de fuerza por parte de las autoridades, arbitrariedades y violaciones de derechos del debido proceso, tanto sobre la persona de la doctora López Hernández como de las ciudadanas y ciudadanos que acudieron al acto”, añade.
El texto va acompañado de varias informaciones en medios de comunicación que documentan la “persecución” contra la intelectual, señalada específicamente por la ONG con sede en España Prisoner Defenders, la organización Cuba Próxima o el historiador exiliado en México Rafael Rojas, hermano del viceministro de Cultura Fernando Rojas. A todos ellos y otros que han denunciado la situación los califica Lasa de “relevantes intelectuales y organizaciones de la sociedad civil cubana e internacional”.
“En consecuencia, Lasa denuncia y condena la persecución política contra la historiadora Alina López Hernández y contra todas aquellas personas que disienten de los políticas del Gobierno de Cuba”, cierra el texto, al que añade que reitera su “compromiso con las libertades de expresión y de cátedra, imprescindibles para el trabajo intelectual y académico”.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, con más de 12.000 miembros (en torno al 60% residentes fuera de EE UU) es la asociación profesional más numerosa del mundo e integra a personas e instituciones dedicadas al estudio de América Latina y el Caribe. Históricamente, la organización ha sido considerada próxima al Gobierno cubano.
En 2015, 14ymedio publicó una columna del político cubano Manuel Cuesta Morúa que, tras asistir al 49 congreso anual de la asociación quedó satisfecho con el “giro hacia la pluralidad ideológica” que había dado Lasa. A su juicio, el proceso había comenzado en 2011, cuando comenzó a “abrirse a la crítica de la izquierda en el poder desde la izquierda intelectual”. El cónclave de San Juan de Puerto Rico marcaba para él un antes y un después al reunirse cubanos de todas las tendencias sin que se produjera ningún incidente, entre otras razones.
Sin embargo, en mayo de 2021, un amplio colectivo de al menos 300 personas firmó una carta abierta criticando la tibieza de Lasa en su comunicado contra la represión hacia el artista y activista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara y varios de cubanos más.
“Es claro ahora, para nosotros, que Lasa se ha alineado, en lo que respecta a Cuba, con la represión ilegal, la amenaza y la mordaza”, dijeron entonces
Los académicos reclamaban a la organización un pronunciamiento “contra la continua represión de la libertad de pensamiento” sufrida por varios compatriotas, pero la respuesta tardó 20 días en producirse, hecho que causó indignación entre varios miembros que renunciaron a seguir formando parte de Lasa, entre ellos Mabel Cuesta, Guillermina de Ferrari, Walfrido Dorta y José Raúl Gallego.
“Es claro ahora, para nosotros, que Lasa se ha alineado, en lo que respecta a Cuba, con la represión ilegal, la amenaza y la mordaza”, dijeron entonces.
En 2022, la asociación volvió a protagonizar una polémica en el mismo sentido, cuando el periodista José Raúl Gallego denunció que Lasa había invitado a un encuentro sobre las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 a un “represor”. “El coronel Abel Enrique González Santamaría no solo es un alto mando del Ministerio del Interior, sino que era uno de los más allegados de Alejandro Castro Espín, hijo del dictador Raúl Castro, en la poderosa y ya desintegrada Comisión de Defensa y Seguridad Nacional”, denunció.
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