Mineros de Bitcoin llevan 6 meses apagados en Venezuela, y la Sunacrip sigue en silencio 

Han pasado exactamente 6 meses desde que el gobierno de Venezuela decidiera intervenir a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), medida que decantó en la desconexión –todavía vigente– de miles de mineros ASIC de Bitcoin que estaban operando conforme a la ley.  

Durante este tiempo, poca ha sido la información que ha brotado desde la entidad gubernamental o desde sus autoridades temporales. El silencio mantenido por la Sunacrip, desde su intervención, convirtió en realidad el temor de que la minería de Bitcoin en Venezuela atravesaría momentos de oscuridad, justo por la intervención estatal. 

Aunque los mineros de Bitcoin comentaron que la junta reestructuradora de la Sunacrip les pidió recientemente que volvieran a tramitar sus licencias para operar, esta no fue una petición pública o notoria. Fue más bien de forma privada, con comunicaciones directas con los operadores. 

Además, aun cuando algunos mineros de Bitcoin en Venezuela ya han presentado sus solicitudes ante el organismo, este todavía no ha difundido información oficial al respecto. Tampoco ha emitido una comunicación que permita reactivar las operaciones de minería digital en el país.  

Este silencio por parte de la Sunacrip hacia la industria de la minería de Bitcoin ha causado desconcierto entre los operadores venezolanos. Uno de ellos declaró en anonimato a CriptoNoticias asegurando que, a pesar de que la entidad pidió los documentos, “no hay un verdadero interés por renovar los permisos para minar Bitcoin”.  

Para él, ha venido creciendo el interés de los mineros de Bitcoin por operar en la clandestinidad. Y esto es debido a que “el miedo se apoderó” de estos operadores, quienes temen que sus equipos sean confiscados por las autoridades venezolanas, como sucedió recientemente en Maturín, Monagas, al oriente del país.  

Buscan jugar a la amnesia colectiva

Alejandro Blanco, el director jurídico de la Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip), conversó sobre este tema con CriptoNoticias. Para él, la junta interventora de Sunacrip “busca jugar a la amnesia colectiva” a través del silencio y la falta de comunicación con la industria minera venezolana. 

Lo que quiere decir Blanco es que el organismo gubernamental apela a que la sociedad pierda la memoria sobre el acontecimiento histórico e inédito, que vinculó al ecosistema de las criptomonedas con un caso de corrupción. Todo esto dejando pérdidas de miles de millones de dólares, según el gobierno venezolano. 

Blanco dice que la “amnesia colectiva” de Sunacrip pone en “grave riesgo” a familias venezolanas que “invirtieron sus ahorros, tiempo y conocimientos en cumplir con el ordenamiento jurídico vigente”. Esto es así, ya que las autoridades “les dan la espada injustamente”.  

El abogado también sugirió que el silencio de la Sunacrip pone en riesgo a miles de puestos de trabajo, así como a la credibilidad legal y jurídica de Venezuela. Dado a que es una de las naciones pioneras en la regulación de las actividades relacionadas a bitcoin y las criptomonedas.  

En marzo de este año, un escándalo de corrupción sacudió a la sociedad venezolana. El gobierno informó que existía una trama que utilizaba a la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) y la Sunacrip, el organismo regulador de las criptomonedas en el país, para presuntamente robar más de USD 3.000 millones al Estado.  

Por este caso, el entonces presidente de Sunacrip, Joselit Ramírez, fue desincorporado del cargo y acusado de haber participado en la trama de corrupción, denominada por las autoridades venezolanas como “Pdvsa-Cripto”. Ramírez está actualmente detenido en una de las sedes de la policía política del gobierno venezolano. 

No hay orden legal para apagar los mineros de Bitcoin en Venezuela

Como se dijo, la intervención del gobierno de Venezuela sobre Sunacrip causó que miles de equipos mineros de Bitcoin se desconectaran. Se llegaron a contabilizar más de 75.000 ASIC apagados, dejando pérdidas millonarias para los operadores.  

No obstante, Alejandro Blanco aclaró que, legalmente, no hay una orden, comunicado, carta, papel o directriz emanada por la Sunacrip  que obligue a los mineros de Bitcoin a mantener sus equipos apagados.  

A su juicio, la razón por la cual quizás la industria se paralizó puede ser “la falta de comunicación entre la Sunacrip y los operadores”, ya que “generó incertidumbre en el sector”. “Y la mayoría de los mineros apagaron sus equipos a la espera de más claridad”, argumentó. 

Aunque es bueno recordar que pocos días después de la intervención de Sunacrip, la Corporación Eléctrica de Venezuela (Corpoelec) visitó a las instalaciones de varias granjas de minería de Bitcoin y ordenó la desconexión de los equipos, bajo la narrativa de que no había un proceso claro de cobro de las tarifas eléctricas, tal como lo reportó CriptoNoticias. 

Pero esa desconexión ordenada por Corpoelec no tuvo efecto en las cárceles venezolanas, como la de Tocorón, en Aragua, en donde los privados de libertad tenían un cuarto convertido en una granja de minería de Bitcoin. 

Este hecho ganó el repudio de los mineros de Bitcoin venezolanos que operan bajo la legalidad. En comentarios para CriptoNoticias, los operadores criticaron que los delincuentes sí podían minar libremente, cuando muchas granjas legales “se han mantenido apagadas por dinero que aparentemente se robó el exsuperintendente Ramírez”. 

A eso se suma que, por la desconexión de mineros legales, el Estado venezolano ha dejado de percibir varios millones de dólares por concepto de consumo eléctrico. De acuerdo con los cálculos del director jurídico de Asonacrip, más de USD 18 millones no entraron en las arcas venezolanas desde marzo de este año, ya que los mineros están apagados. 

Los números de Alejandro Blanco responden al cálculo de poco más de 300.000 mineros ASIC modelo S9 de la marca Bitmain operando en Venezuela, los cuales pagarían, en promedio, USD 3 millones mensuales por consumo de electricidad.  

En ese sentido, y considerando que el silencio de la Sunacrip ha afectado a la industria minera y representa pérdidas millonarias para el Estado, el director jurídico de Asonacrip pide que no se haga pagar a todos como “justos por pecadores”.