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Condenas de hasta 8 años para 21 cubanos por alterar el consumo de electricidad

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La Habana/(EFE).- El Tribunal Provincial de La Habana sancionó con penas que van desde multas económicas hasta los ocho años de cárcel a 21 personas –entre ellas siete funcionarios de la empresa eléctrica de la capital– por el delito de cohecho continuado, informó este martes la televisión estatal.

De acuerdo con el noticiero nocturno, el juicio contra estas personas, y del que no se dijo en qué fecha ocurrió, se dio tras una investigación interna de la compañía estatal.

A los sancionados se les acusó por falsificar documentos bancarios y de comercio para que unos 14 clientes considerados “grandes consumidores” pagasen menos en su factura a cambio de dádivas.

El informativo tampoco especificó si las sentencias son firmes.

Las autoridades vinculadas al proceso explicaron en el reporte televisivo que entre los principales implicados figuran el administrador provincial de gestión comercial de la empresa eléctrica, quien “alteraba la base de datos” para falsear la factura.

El administrador provincial de gestión comercial de la empresa eléctrica, quien “alteraba la base de datos” para falsear la factura

Asimismo, un directivo de la empresa eléctrica añadió a la televisión estatal que algunos clientes habían dejado de pagar más de 100.000 pesos (equivalentes a 833 dólares al cambio oficial).

El reporte televisivo aseguró que el juicio tuvo carácter de “ejemplarizante”.

El pasado fin de semana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, instó a los fiscales a enfrentar con “tolerancia cero” los hechos de corrupción que hay en el país en “diferentes estatus y niveles” porque esos actos “laceran” y “erosionan la base moral de la sociedad”.

Recientemente, los medios oficiales informaron sobre el robo de 133 toneladas de pollo en la empresa estatal Copmar, en La Habana. Como resultado, 30 personas fueron imputadas y podrían enfrentar sanciones de hasta 20 años de cárcel.

Ese suceso generó desconcierto en la población, una fuerte respuesta judicial y el llamado del Gobierno y el Partido Comunista a emplear “mano dura” contra el delito.

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