Madrid, 30 oct (EFE).- El déficit del conjunto de las administraciones públicas -salvo las corporaciones locales- ascendió a 29.930 millones de euros en los ocho primeros meses del año, un 3,9 % más que en el mismo periodo de 2022, debido al aumento de los gastos.
A pesar de ello, el crecimiento de la economía ha permitido reducir la ratio de déficit sobre el PIB casi una décima, hasta el 2,05 % del PIB, de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda.
En los ocho primeros meses del año los gastos públicos aumentaron en 25.441 millones -impulsados por prestaciones sociales, consumos intermedios, remuneración de asalariados e intereses de la deuda-, mientras que los ingresos lo hicieron solo en 24.314 millones -gracias, sobre todo, a la mayor recaudación tributaria-.
Como es habitual, la mayor parte del déficit se concentró en la administración central, con 32.845 millones, un 36,2 % más y un 2,25 % del PIB, debido al impacto de la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica de 2021 y, en menor medida, al mayor gasto en pensiones.
La liquidación del sistema también impactó en las cuentas de la administración regional, aunque en sentido contrario, lo que les permitió registrar un superávit de 496 millones (0,03 % del PIB), frente al déficit de 2022.
Solo cinco comunidades autónomas registraban déficit al cierre de agosto: Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia y Valencia.
También la Seguridad Social cambió el déficit por superávit, en este caso de 2.419 millones (0,17 % del PIB), debido al menor gasto asociado a la covid y a la mejora de las cotizaciones sociales.
Hacienda también ha avanzado los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta el mes de septiembre, un periodo de nueve meses en el que acumuló un déficit de 26.022 millones de euros, un 39,8 % más y un 1,78 % del PIB.
Hacienda explica que detrás de este repunte está el efecto contable de la liquidación definitiva de los sistemas de financiación autonómica y local de 2021, realizada este año y con un efecto negativo para el Estado de 11.798 millones, lo que contrasta con la liquidación positiva del ejercicio anterior.
Este factor afecta tanto a los gastos como a los ingresos, que bajaron un 0,6 %, hasta los 193.796 millones, a pesar de que la recaudación tributaria creció un 3,1 % en ese periodo, hasta los 161.111 millones.
El IRPF recaudó un 3,5 % menos -debido al efecto de la liquidación autonómica- y el IVA, un 1,2 % menos, debido a las rebajas aplicadas sobre alimentos y energía, mientras que el impuesto de sociedades ingresó un 11,1 % más, gracias tanto a los mayores beneficios de los grupos como al nuevo sistema para calcular la base imponible.
La recaudación también incluye 3.528 millones de los nuevos impuestos sobre la banca, las energéticas y las grandes fortunas y 364 millones del nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables.
Los gastos del Estado ascendieron entre enero y agosto a 219.818 millones de euros, un 2,9 % más, debido en gran parte al efecto de las liquidaciones autonómica y local, que elevaron en un 6,7 % los recursos dedicados a transferencias.
Se incrementaron también los gastos en consumos intermedios (un 14,1 %, en parte por los costes electorales), la remuneración de asalariados (un 3,7 %, por las subidas salariales) y los intereses de la deuda (un 3,4 %). EFE
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