Por Plinio Soto Muerza
El pasado domingo 5 de noviembre, la ciudad de Orizaba fue testigo de una
singular protesta encabezada por el sector de transportistas, que prestan su
servicio en la zona urbana de la ciudad y sus alrededores. La movilización de un
amplio número de choferes de las empresas de la línea Garita, Metropolitanos y
Circuito Valle, fue respaldada por un número importante de operadores de taxis,
que organizados en la asociación el “Grito”, salieron a protestar ante la pretensión
del Ayuntamiento de Orizaba de crear nuevas paradas del servicio conocido como
el “Gallo”, que es la creación del actual presidente municipal para evadir la Ley
Estatal de Tránsito y Transporte, y así favorecer una vez más, a sus intereses
económicos. Pero vayamos por partes.
Durante la segunda quincena de junio del 2021, en plena campaña electoral por la
presidencia municipal, el actual munícipe, entonces candidato del PRI, presentó su
propuesta de creación de una línea de transporte público para dar servicio, según
él, a las familias de bajos recursos de la zona periférica de la ciudad en sus
traslados al centro de la ciudad. Dicha propuesta tenía su origen, en el miedo que
le provocaba que el candidato de morena ganara la elección, ello debido a que
dicho candidato es poseedor de la mayoría de las acciones de la mayor empresa
de transporte público que presta sus servicios desde hace más de 30 años en la
ciudad. La propuesta de un nuevo transporte sencillamente estaba pensaba para
restarle simpatías y votos al candidato de morena, que, en ese momento de
acuerdo a las encuestas, tenía un crecimiento sostenido en las simpatías del
electorado.
La historia registra que al final y con prácticas de compra de votos entre otras
linduras, la alianza del PRI, PAN y PRD, se hizo con el triunfo por la presidencia
municipal. En ese momento, el actual munícipe, echó a andar su propuesta de
empresa de transporte, solo que se enfrentaba a un problema legal que no podía
superar, y que es nada menos y nada más que la ley de Tránsito y Transporte.
Crear una empresa de transporte no es tan fácil como lo quieren hacer ver las
autoridades municipales de Orizaba. De inicio, y de acuerdo al artículo 116,
correspondiente al capítulo III, relacionado al Servicio de Transporte Público, toda
unidad de transporte público debe de contar con una concesión específica y
directa para ese servicio, como lo establece claramente el citado precepto: “El
servicio de transporte público es aquel que se presta para satisfacer necesidades
colectivas, siendo ofrecido a terceros contra el pago de una retribución;
corresponde al Estado proporcionarlo, pudiendo otorgarlo por sí mismo o a través
de personas físicas o morales mediante concesión otorgada por el Gobernador del
Estado, una vez satisfechos los requisitos establecidos en esta Ley y su
Reglamento”.
Como se desprende de lo anterior, el Ayuntamiento está impedido por ley, de
facultad legal y administrativa, para crear y echar a andar una empresa de
transporte de servicio público. Para lograr lo anterior, simplemente requiere de una
concesión, que sólo es dada por la facultad del ejecutivo estatal.
Por otro lado, en el artículo 118, se establecen claramente las modalidades del
servicio de transporte público, siendo las siguientes: de pasajeros (urbano,
suburbano, foráneo, taxi, exclusivo de turismo, recreativo, escolar y para personal
de empresas). Además, se contempla el servicio de carga, que puede ser general,
materialista y especializado. Por último, se contempla el servicio rural mixto
carga-pasaje.
Por su parte, en el artículo 122, se establece que: “Para los efectos de esta Ley,
se entenderá por concesión el título que otorga el Gobierno del Estado para que
una persona física o moral proporcione el servicio de transporte público en
cualquiera de sus modalidades, de acuerdo con las tarifas determinadas por el
interés general y la naturaleza del transporte de que se trate”
Como se desprende de la lectura de los artículos citados, para un Ayuntamiento le
es imposible poder crear por mutuo propio un servicio de transporte de pasajero,
salvo si contase con la concesión respectiva.
Es en el último punto que, a todas luces, desde el inicio de su administración, el
munícipe sabía que no podía contar con el aval del ejecutivo estatal para sus
objetivos, por pertenecer al PRI y defender el proyecto político antagónico a la 4T
que impulsa el mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, y conocido por llevar adelantes sus caprichos políticos, el munícipe
fue maquilando su proyecto de transporte, convirtiendo su oferta inicial de
transporte de pasajeros en modalidad urbana, a un engañoso servicio turístico. Sin
embargo, aún y en este renglón, la ley es demasiado clara.
El inciso e del artículo 118, establece que la modalidad del servicio de pasajero en
materia de turismo, es “aquel que se otorga en autobús en una localidad y
municipio determinado a usuarios cuya finalidad sea el esparcimiento, el recreo o
el estudio de lugares de interés turístico, con la obligación del concesionario de
sujetarse a los circuitos turísticos que determine la autoridad de turismo
competente y asistirse, en los recorridos, por guías que viajen en el mismo
vehículo”.
Continuara
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