Washington/El Gobierno de Estados Unidos ha decidido revocar una extensión del blindaje anti-deportación que el anterior presidente, Joe Biden, había otorgado a más de 600.000 venezolanos que ya se encontraban en este país, informó este miércoles The New York Times.
El diario afirma tener una copia de la orden dictada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y aún no hecha pública, en la cual se anula la extensión por 18 meses del Estatuto de Protección Temporal (TPS) decidida el pasado 10 de enero para más de 600.000 venezolanos, lo que significa que pasan a ser susceptibles de deportación.
El TPS es una ayuda que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han emigrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado para que puedan vivir y trabajar aquí hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.
La medida es un golpe para cientos de miles de migrantes venezolanos que creían que no solo estaban protegidos de la deportación, sino que también les proporcionarían permisos de trabajo al menos hasta octubre de 2026.
La medida es un golpe para cientos de miles de migrantes venezolanos que creían que no solo estaban protegidos de la deportación, sino que también les proporcionarían permisos de trabajo al menos hasta octubre de 2026
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la extensión del TPS a los venezolanos el mismo día en que Nicolás Maduro tomó posesión para un nuevo mandato ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, en medio de acusaciones de “golpe de Estado” por parte de la oposición, que afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio pasado.
El DHS justificó la extensión del TPS para los venezolanos por “la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano de Maduro”.
El TPS fue extendido desde el 3 de abril de 2025, fecha en la que debía caducar, hasta el 2 de octubre de 2026, lo que permitirá que unos 600.000 venezolanos se vean beneficiados.
Los elegibles para este permiso migratorio son aquellos venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 y que hayan residido en el país de forma ininterrumpida, excepto los que “hayan sido condenadas por un delito grave o dos delitos menores”.
Trump reconoce a González Irrutia como presidente electo de Venezuela, pero está embarcado en una lucha contra la inmigración irregular sin distinciones por la nacionalidad del migrante.
Trump reconoce a González Irrutia como presidente electo de Venezuela, pero está embarcado en una lucha contra la inmigración irregular sin distinciones por la nacionalidad del migrante
“En el pasado, (el presidente, Donald) Trump ha puesto en la mira a los inmigrantes acogidos al Estatus de Protección Temporal, que ayuda a los migrantes de algunos de los países más inestables del mundo”, un alivio migratorio que para algunos republicanos “se ha alejado mucho de su misión original de proporcionar refugio temporal en caso de conflicto o desastre”, señala el diario.
Durante su primer gobierno, Trump intentó poner fin a las protecciones para los migrantes de varios países, entre ellos Haití, El Salvador y Sudán, pero los tribunales federales bloquearon algunos de esos intentos.
Este martes, uno de los asesores más cercanos de Donald Trump, Stephen Miller, afirmó que tiene la “plena expectativa” de que Nicolás Maduro acepte vuelos de deportación con migrantes venezolanos en situación irregular, así como de miembros de la banda Tren de Aragua.
Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas y actualmente Venezuela no recibe vuelos de deportación. Estos vuelos se reanudaron en octubre de 2022 bajo el gobierno de Joe Biden, entre 2021 y 2025, tras cuatro años de parálisis, pero volvieron a suspenderse unos cuatro meses después.
Trump prevé que “todas las naciones del mundo participen plenamente en la aplicación de las leyes migratorias, y, en particular, en la repatriación de sus propios ciudadanos”
Miller sostuvo que Trump prevé que “todas las naciones del mundo participen plenamente en la aplicación de las leyes migratorias, y, en particular, en la repatriación de sus propios ciudadanos”.
“Esta es una obligación internacional básica que Estados Unidos cumple, que todas las naciones desarrolladas cumplen, y esperamos que todos los países socios de la región también la cumplan”, subrayó Miller, quien ocupa el cargo de subjefe de gabinete de la Casa Blanca.
Miller afirmó, por otra parte, que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ofrecido “tremendos niveles de cooperación” a Estados Unidos en varios asuntos migratorios, después de que un periodista le preguntara sobre el viaje que el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene previsto iniciar esta semana a Centroamérica, y que incluirá una parada en El Salvador.
“Todo lo que puedo decir al respecto, porque no quiero adelantarme al secretario Rubio, es que el presidente Bukele ha ofrecido amablemente tremendos niveles de cooperación a Estados Unidos en todo lo relacionado con la migración, y esperamos que esto proporcione un marco de cooperación migratoria en toda la región”, afirmó Miller.
El asesor, quien ocupa el cargo de subjefe de gabinete de la Casa Blanca, aseguró que está “muy claro” que Bukele será un “gran y fuerte socio” para el Gobierno de Trump.
No llegó a confirmar que Trump esté negociando un acuerdo con El Salvador que permita a EE UU deportar a migrantes al país centroamericano aunque no sean originarios de allí
Miller, sin embargo, no llegó a confirmar que Trump esté negociando un acuerdo con El Salvador que permita a EE UU deportar a migrantes al país centroamericano aunque no sean originarios de allí, algo que, según informó la cadena CBS, está siendo discutido.
El acuerdo, conocido como “Acuerdo de Tercer País Seguro”, permitiría a los agentes migratorios de EE UU deportar a migrantes no salvadoreños a El Salvador, bloqueándoles la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.
De esa forma, los migrantes serían deportados a El Salvador con la instrucción de solicitar asilo en esa nación, que sería designada como un “tercer país seguro”.
El acuerdo emularía otro similar que la Casa Blanca negoció con El Salvador durante el primer mandato de Trump (2017-2021), pero que nunca se implementó y que el Gobierno de Joe Biden anuló.
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