La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envía al Congreso Capitalino iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica para sancionar con 36 horas de prisión a personas que aparten lugares, exijan pagos, coaccionen o intimiden a automovilistas en la vía pública.
Guadalupe Franco
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada envío al Congreso local una iniciativa de reformar a la Ley de Cultura Cívica para regular las actividades ilegales de los denominados franeleros en vías públicas de la capital del país.
La iniciativa plantea arresto de 36 horas para las personas personas que aparten lugares, exijan pagos, coaccionen o intimiden a automovilista.
Actualmente se aplica una multa de mil 500 pesos como sanción a estas prácticas.
La iniciativa de reforma, también establece que aquellos que incurran amenazas, golpes y robo serán imputados con estos delitos ante la Fiscalía de Justicia capitalina, explicó la Jefa de Gobierno.
“Informamos que estas prácticas no pueden ser toleradas ya en la ciudad de México. Así que estamos proponiendo que la Ley de Cultura Cívica contemple una sanción de arresto inconmutable por 36 horas a las personas que exijan, coaccionen, intimiden de cualquier manera a una persona para obtener un pago por vigilar, estacionar o cuidar.”
La Jefa de Gobierno explicó que la iniciativa está acompañada de alternativas para evitar que las personas caigan en estas prácticas, pues incluso se impulsará la oferta de empleo y una campaña de concientización sobre respeto al espacio público.
Incluso, adelantó que en breve se presentará un programa de política pública integral para atender las causas que originan está problemática, adelantó la jefa de Gobierno.
“Es justamente elevar las sanciones a personas que cometen estas eh irregularidades y también crear una campaña de concientización sobre el respeto al espacio público. No todos los casos son iguales. Tenemos que ver también el fondo del asunto y el fondo del asunto es que algunas personas que se dedican a esa tarea, pues han sido excluidos de algún empleo formal o enfrentan condiciones estructurales de pobreza o de desigualdad o de precariedad”.
La Jefa de Gobierno aclaró que la iniciativa de reforma no busca eliminar o criminalizar, sino incluir a las personas a un modelo de ciudad, donde vivir con dignidad no dependa de la ilegalidad.
Por último, se informó que actualmente el Gobierno de la Ciudad de México trabaja en la actualización y realización de un censo para conocer el número de personas que se dedican a esta actividad y los puntos con mayor conflicto.
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