Por primera vez, la SCJN escuchó a personas y organizaciones con discapacidad antes de resolver la acción de inconstitucionalidad 182/2024.
Georgina Hernández
Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió sus puertas a personas y organizaciones con discapacidad para escucharlas directamente antes de resolver la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, cuya resolución está a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Durante la audiencia pública, distintas voces advirtieron que el proyecto representaría un retroceso si se aprueba en los términos propuestos.
Una de estas fue la de Miguel Ángel Miranda Aquino, integrante de la Alianza Morelense en Favor de las Personas con Discapacidad, quien llamó a fortalecer los mecanismos que regulan quién puede presentar una acción de inconstitucionalidad.
Esto, al advertir que las personas con discapacidad podrían quedar desprotegidas si los sujetos legitimados deciden no actuar por motivos políticos o de carga de trabajo.
“Creo que estaríamos, y no pretendo yo pecar de soberbia a querer explicarles a ustedes las leyes porque ustedes son integrantes del Máximo Tribunal, pero desde mi lectura a lo mejor estaríamos entrando en conflicto con el artículo 1 y 133 porque al final la Convención así lo marca, que se tiene que hacer la consulta. Claro, hay matices y lo podemos interpretar, pero desde mi punto de vista el hecho de que no se haga de oficio desde el principio, nos deja en indefensión al final. Corremos ese riesgo de que los sujetos legitimados lleven las acciones de inconstitucionalidad a discreción, dependiendo lo que les convenga”.
Por su parte, Ángel Ibarra Jasso, joven deportista y abogado originario de Michoacán, advirtió que el cambio propuesto para que las personas con discapacidad firmen si están o no de acuerdo en que se realice la consulta es peligroso, ya que muchas de ellas desconfían de las instituciones públicas debido a la discriminación histórica que han enfrentado.
Además, pidió que se genere un criterio que obligue a las y los legisladores a acercarse directamente a las personas con discapacidad, con el fin de garantizar una consulta informada y efectiva.
“Esta parte que las personas con discapacidad puedan firmar o no a cerca de una acción de inconstitucionalidad se me hace hasta un poco peligroso por la persecución política política
que podría existir acerca de si firmas, si no firmas, qué pasa, a quién le estás firmando, por qué estás firmando y cuál es esta situación que le representa una carga desmedida a la persona de si firmar o no firmar una acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto considero que si bien puede ser una buena medida a tomarse para que las personas con discapacidad vuelvan a ser consultadas en una acción de inconstitucionalidad sí definitivamente debería dejarse un poco el criterio de que pueda ser desechada o impugnada esta norma a través de la cuestión de que sea oficioso”.
Desde Chiapas, Esther Araceli Díaz Cruz, una mujer afrodescendiente con discapacidad e integrante de la Asociación de Mujeres Unidas por la Inclusión, sostuvo que el proyecto de la ministra Batres Guadarrama significa un retroceso en la garantía de los derechos humanos.
Recordó que la Corte había establecido que la consulta previa, estrecha y accesible es un requisito constitucional cuando una norma afecta a este grupo.
Sin embargo, comentó que la nueva propuesta desplaza el énfasis hacia el contenido de la ley y no hacia el proceso de su elaboración, lo que debilita el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Este nuevo criterio me afecta directamente y esto porque en primer lugar me excluye de los procesos legislativos que pueden impactar en mis derechos de salud, movilidad, accesibilidad y autonomía. En segundo lugar, traslada la carga de la prueba a las personas con discapacidad obligándonos a demostrar un daño después de que la norma ya fue aprobada. Tercero, desconoce los estándares internacionales que México ha asumido libre y soberanamente al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Para garantizar la participación de 102 de las 306 personas y organizaciones que solicitaron intervenir, la Corte determinó que esta primera audiencia pública dure tres días, por lo que concluirá el miércoles 22 de octubre.
La ministra Lenia Batres Guadarrama subrayó que este ejercicio es histórico, al tratarse de un mecanismo permanente de diálogo entre el Máximo Tribunal y la ciudadanía.
Asimismo, explicó que su proyecto propone modificar el criterio vigente desde hace una década, que declara inválidas automáticamente las leyes aprobadas sin consulta previa a personas con discapacidad.
Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aclaró que el debate de estos días no girará en torno al derecho de consulta en sí, sino en determinar si una norma que beneficia a las personas con discapacidad o cumple con estándares internacionales debe eliminarse por falta de consulta.
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