Miami/Estados Unidos anunció este viernes el fin de los programas humanitarios de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos. La Administración argumentó que estas protecciones estaban siendo utilizadas de manera fraudulenta y permitían que personas “poco verificadas” eludieran los procesos migratorios tradicionales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la cancelación del Family Reunification Parole (FRP) para los siete países, un mecanismo que será reemplazado por un sistema de evaluación “caso por caso”, tal y como establece el Congreso.
El programa, establecido en 2007 durante la administración de George W. Bush, nació como una vía excepcional para permitir la entrada temporal de inmigrantes cuyos familiares ya habían iniciado procesos de residencia en Estados Unidos. Su objetivo original era agilizar la reunificación familiar y reducir la presión sobre los sistemas consulares, pero con el tiempo las autoridades han señalado un uso cada vez más amplio y, según el DHS, vulnerable a “abusos”.
La noticia cayó como un balde de agua fría para Cristina, una cubana que siente que “alguien arrancó el último clavo del que estaba sujeta” su aspiración de residir legalmente en Estados Unidos. Tras varios intentos fallidos de obtener la green card, y después de haber ingresado por la frontera sur con un documento I-220A, había puesto todas sus esperanzas en el parole de reunificación familiar tramitado a través de su hija, ya ciudadana estadounidense.
Ahora, con el anuncio del DHS, su futuro vuelve a quedar en el aire. “Pensé que esta vez sí, que al fin podía estabilizarme”, lamenta. La cancelación del programa no solo frena su proceso, sino que la coloca una vez más ante la incertidumbre migratoria que marca la vida de miles de latinoamericanos.
El DHS precisó también que el cierre del programa conllevará la revocación automática de los permisos de trabajo asociados al ‘parole’
La decisión implica que los inmigrantes actualmente amparados bajo este beneficio deberán abandonar Estados Unidos a mediados de enero, a menos que cuenten con otra vía legal para permanecer en el país. Según el anuncio, incluso quienes aún tengan vigente su permiso perderán la protección el 14 de enero.
Solo quedarán exceptuados aquellos inmigrantes que tengan una solicitud de residencia permanente presentada antes del 15 de diciembre de 2025 y que continúe pendiente al 14 de enero de 2026. Si el trámite es negado, la autorización quedará anulada inmediatamente y la persona deberá salir del país.
El DHS precisó también que el cierre del programa conllevará la revocación automática de los permisos de trabajo asociados al FRP. Los afectados recibirán notificaciones individuales con los pasos a seguir.
Quienes queden sin estatus legal tras la terminación del programa deberán abandonar Estados Unidos antes de la fecha límite, pudiendo usar la aplicación CBP Home para registrar su salida. El Gobierno ofrecerá algunos incentivos, entre ellos asistencia financiera, ayuda para obtener documentos de viaje y exoneración de determinadas multas civiles.
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