En entrevista, la Dra. Raquel Gutiérrez Nájera denunció el proceso de criminalización y hostigamiento por su labor de defensa del territorio.
Escucha nuestra conversación con la Dra. Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental.
IMER Noticias
En entrevista para El Acento con Alberto Nájar, la presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, denunció un proceso de criminalización y hostigamiento judicial en su contra, derivado de su labor en la defensa del territorio frente a un desarrollo inmobiliario en Zapopan, Jalisco.
La académica y activista explicó que el caso se origina por su participación en la impugnación legal del proyecto inmobiliario denominado La Reserva, ubicado en una zona ambientalmente estratégica cercana a la barranca del río Santiago, al río Blanco y al área natural protegida San Esteban–El Diente–Nixticuil.
“El desarrollo pretende no actuar el plan PN-9 que aplica a esa área y que es de muy poca densidad precisamente por todos los valores ambientales que tiene esta zona”.
Gutiérrez Nájera detalló que la Asociación Bosques de San Isidro solicitó el acompañamiento del Instituto de Derecho Ambiental para interponer un juicio de amparo contra las licencias municipales que autorizaron el proyecto.
Afectación en la flora, fauna y cuerpos de agua
El recurso legal obtuvo inicialmente la suspensión de las obras para evitar la remoción de suelo y la afectación a flora, fauna y cuerpos de agua.
Sin embargo, señaló que tras la suspensión, las empresas involucradas, la inmobiliaria Lisco y Banco Azteca, emprendieron acciones penales en su contra.
“Se fueron contra mi persona y me empezaron a hostigar desde el punto de vista penal. Tan así que me acusaron de haberle mentido al juez federal para obtener la suspensión”.
Aunque el Ministerio Público Federal determinó en 2020 que no existía delito y ordenó el archivo del caso, la doctora afirmó que la carpeta fue reabierta posteriormente “ante la presión de las inmobiliarias”, hasta derivar en su vinculación a proceso por un presunto delito previsto en la Ley de Amparo.
El juez que dictó la vinculación, identificado como Rogelio León Díaz Villarreal, lo hizo, dijo, “a pesar de que tenía todos los elementos para no vincularme a proceso”, y calificó la resolución como:
“Totalmente aberrante, sin pruebas, sin evidencias, sin nada”.
“Ellos quieren construir más de 125 casas por hectárea”
La defensora ambiental subrayó que el proyecto inmobiliario busca rebasar de forma significativa la densidad permitida por los planes de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico.
“El plan parcial lo único que permite es la densidad mínima, que son ocho casas por hectárea. Ellos quieren construir más de 125 casas por hectárea y además edificios tipo condominio, lo cual está totalmente prohibido”.
Respecto al papel de Banco Azteca, indicó que la institución financiera es titular de licencias dentro del proyecto y uno de sus principales financiadores.
Actualmente, Gutiérrez Nájera informó que su defensa legal ha interpuesto un amparo contra el auto de vinculación a proceso y prepara denuncias ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en la actuación judicial.
“Me queda claro que hubo una intencionalidad directa a mi persona para intimidarme y afectar toda mi actividad pública en pro del ambiente y de los bienes comunes ambientales”.
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