La Habana/El Tribunal Municipal de Bayamo sentenció, con penas que van hasta los seis años de cárcel, a 15 manifestantes de las protestas del 17 de marzo de 2024 en esa ciudad de la provincia de Granma. Los acusados fueron hallados culpables de delitos como desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato e instigación a delinquir.
Los hechos juzgados corresponden a las protestas populares en las que cientos de bayameses salieron a las calles en marzo del año pasado, al grito de “Libertad” y “Patria y vida”. A medida que la manifestación avanzó por distintas zonas de la ciudad, las fuerzas especiales y del Ministerio de Interior les impidieron el paso y comenzaron a reprimir a la multitud. Los videos que circularon por redes sociales mostraron que los ciudadanos continuaron con sus reclamos a pesar de los golpes y los arrestos.
Cientos de bayameses salieron a las calles en marzo del año pasado
Las sentencias, que ya son firmes, han generado múltiples críticas por parte de activistas y organizaciones jurídicas independientes. El medio independiente Martí Noticias entrevistó al abogado Alain Espinosa quien afirmó que en la decisión del Tribunal “se expone una vez más el carácter represivo del Estado cubano y, de manera muy marcada, la voluntad política de reprimir derechos”.
El jurista recordó que, tal y como exige la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no se puede considerar que una asamblea pierde su carácter pacífico solo “por causar interrupciones menores del tráfico” o por implicar desobediencia civil, por lo que el enjuiciamiento de estos 15 acusados responde más a motivos políticos que legales.
En septiembre pasado, en un gesto informativo inusual, la prensa oficial reportó sobre la realización de la vista oral contra los manifestantes de Bayamo. En aquella escueta nota, se reportó que un total de 13 de ellos se encontraba en prisión provisional, y el resto “con medidas no detentivas de obligación contraída en acta y prohibición de salida del país”.
El oficialismo aclaró entonces que la Constitución y las leyes penales vigentes garantizaban que en la tramitación del proceso se cumplieran “las garantías procesales y derecho a la defensa de los acusados”, aunque son numerosas las organizaciones dentro y fuera de Cuba que han denunciado sistemáticamente las irregularidades en los juicios a manifestantes, como los del 11 de julio de 2021.
La protesta de Bayamo no fue la única que hubo aquel 17 de marzo –ocurrieron también manifestaciones en Santiago de Cuba y en Holguín–, y se asemejaron a las del 11J no solamente en que sucedieron un domingo: comenzaron a los gritos de “queremos corriente” y “tenemos hambre” y terminaron coreando “patria y vida” y “libertad”.
La protesta de Bayamo no fue la única que hubo aquel 17 de marzo
El mandatario Miguel Díaz-Canel, al día siguiente, dejaba clara que la postura del régimen sería la misma que en otras ocasiones. En una secuencia de mensajes en la red social X comentó las manifestaciones diciendo que tenían “fines desestabilizadores” y habían sido llevadas a cabo por “terroristas radicados en EE UU”.
Los condenados por las protestas de Bayamo, cuyas sentencias se han hecho firmes este diciembre son: René Aguilera Aguilar, con seis años de privación de libertad; cinco años de privación de libertad para David Alexander Téllez Pérez, Mario Luis Espinosa Cedeño y Osvaldo Núñez Villavicencio; cuatro años de privación de libertad para Jorge Alexis Milanés Cedeño; tres años de privación de libertad para Lázaro Armando Morales Romero, Jesús de Nazaret Arzuaga Almaguer, Franky Carmona Arias, Reynaldo Lucas Leyva Romero, Antonio Zamora Blanco, Ángel Luis Céspedes Cruz, Pedro de Jesús Martínez Rivero y Daniellis Jorge Puig.
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