El régimen cubano se prepara para la “Guerra de todo el Pueblo”

La Habana/La aprobación de los “planes y medidas del paso al Estado de Guerra”, anunciada de forma escueta por la prensa oficial cubana, marca un nuevo giro en la retórica de confrontación del régimen en uno de los momentos más frágiles de la historia reciente de la Isla. Sin detalles, sin fechas y sin explicaciones públicas, el Consejo de Defensa Nacional volvió a recurrir a una de las nociones más extremas del aparato político-militar cubano, asociada históricamente a escenarios de amenaza externa y, sobre todo, a la suspensión de cualquier margen de normalidad civil.

La nota publicada por Cubadebate se limita a informar que la decisión se tomó “en cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa” y como parte de la “Guerra de todo el Pueblo”. No hay referencia alguna a las implicaciones prácticas de ese paso ni se informa de si se trata de un ejercicio teórico, un ensayo parcial o un escenario que el Gobierno considere plausible a corto plazo. Tampoco queda claro si queda instituido o solo se trata de una revisión de sus protocolos para cuando se decida aplicar.

La ley cubana reserva formalmente la declaración del Estado de Guerra a la Asamblea Nacional o, en su defecto, al Consejo de Estado, mientras que el presidente y el Consejo de Defensa Nacional concentran la dirección real y operativa del proceso. Esta arquitectura legal permite al régimen activar escenarios de excepcionalidad con escaso control parlamentario y nula transparencia pública, reforzando el carácter centralizado y militarizado del poder en situaciones de crisis. Implica un grado máximo de militarización del país, la subordinación de las estructuras civiles a los órganos de defensa y la posibilidad de restringir derechos y libertades ya de por sí bastante limitados.

La denominada Guerra de todo el Pueblo, según la definición recogida en EcuRed y en la doctrina militar oficial cubana, es una concepción estratégica formulada por Fidel Castro que diluye deliberadamente la frontera entre combatientes y civiles. Bajo este enfoque, ante una agresión militar a gran escala no solo actuarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las Milicias, sino que toda la sociedad sería incorporada al esfuerzo bélico, con funciones asignadas por territorio, sin distinción clara entre defensa militar y vida civil. 

La militarización forzosa de la población civil contraviene el principio de distinción recogido en los Convenios de Ginebra

Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, esta concepción resulta problemática. La militarización forzosa de la población civil contraviene el principio de distinción recogido en los Convenios de Ginebra y reiterado por organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que establece la obligación de proteger a la población civil y separarla de los objetivos militares. 

Al convertir barrios, comunidades y ciudadanos en parte activa del dispositivo defensivo, la doctrina no solo expone a civiles a riesgos directos de combate, sino que los transforma en blancos legítimos según las reglas de la guerra, anulando en la práctica su condición civil y trasladando a la sociedad el costo humano de una estrategia diseñada desde el poder político-militar.

El término Estado de Guerra aparece recogido desde los primeros años del régimen revolucionario y está vinculado a los momentos de mayor tensión internacional. Durante la Crisis de Octubre de 1962, aunque nunca se proclamó formalmente, el país fue puesto de facto en una situación equivalente: movilización general, control absoluto de la información y suspensión total de la vida civil ordinaria.

Más adelante, la noción reapareció de manera explícita en la doctrina militar cubana y en la legislación asociada a la defensa nacional. La Ley de Defensa Nacional y los reglamentos del Consejo de Defensa establecen que, ante un escenario de agresión externa o amenaza inminente, el país puede transitar al Estado de Guerra, lo que activa una cadena de mando estrictamente militar y otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo.

En la práctica, esa figura sirve para justificar controles excepcionales sobre la población, la economía y la movilidad interna. No se trata solo de prepararse para un conflicto armado, sino de reforzar el control político en contextos de crisis.

El anuncio del Consejo de Defensa se produce en medio de una escalada regional tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses en Caracas, un golpe estratégico que ha dejado a La Habana sin su principal aliado político y financiero. La confirmación oficial de que decenas de militares y agentes cubanos operaban en Venezuela, incluso en el anillo de seguridad del depuesto mandatario, delató una implicación que el régimen había negado de forma reiterada.

La población enfrenta una emergencia cotidiana que ya se asemeja a un estado de guerra, con apagones prolongados, infraestructura en ruinas, escasez extrema de alimentos y medicinas y brotes de enfermedades prevenibles

Desde entonces, la cúpula del poder en Cuba ha reaparecido en público con uniforme militar, ha intensificado el discurso antiimperialista y ha recuperado una narrativa de plaza sitiada que parecía desgastada incluso para sus propios propagandistas. El propio Consejo de Defensa, presidido por Miguel Díaz-Canel, se mantiene en sesión permanente desde el inicio de la crisis venezolana.

La presencia tutelar de Raúl Castro, que “se mantuvo al tanto” de la reunión y la calificó de “buena y eficiente”, refuerza la idea de que las decisiones estratégicas clave siguen pasando por el histórico aparato militar, más allá de los cargos formales.

Mientras el régimen habla de guerra, la población enfrenta una emergencia cotidiana que ya se asemeja a un estado de guerra, con apagones prolongados, infraestructura en ruinas, escasez extrema de alimentos y medicinas, brotes de enfermedades prevenibles y una inflación que devora salarios y pensiones. La repatriación de los restos de 32 militares cubanos muertos en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro fue utilizada como catalizador emocional para reactivar un discurso épico que contrasta brutalmente con la precariedad de la vida diaria.

El Estado de Guerra, en este contexto, funciona más como un instrumento político que como una respuesta a una amenaza concreta. Sirve para cohesionar a la élite, justificar el cierre de filas, desviar la atención del colapso económico y advertir a la ciudadanía de que cualquier protesta puede ser interpretada como una afrenta a la defensa nacional.

No se sabe qué sectores serían movilizados, qué medidas económicas se activarán ni qué impacto tendría en la vida civil. Esa falta de información es parte del diseño, porque mantener a la población en la incertidumbre es también una forma de control.

El régimen insiste, al mismo tiempo, en que está dispuesto al “diálogo” con Estados Unidos, siempre que no implique concesiones políticas. Sin embargo, el recurso al Estado de Guerra sugiere lo contrario: una apuesta por la confrontación y por la supervivencia del poder a cualquier costo.