La fiscalía española archiva la denuncia contra Julio Iglesias

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 24 de enero de 2026, p. 7

Madrid. El cantante Julio Iglesias no será juzgado en España por los presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, el órgano al que se dirigió la querella y que en teoría tiene facultades para aplicar la justicia internacional –así lo hizo en el llamado caso Pinochet– decidió archivar la denuncia al considerar que hay “falta de jurisdicción” y de “competencia” para llevar a cabo las investigaciones pertinentes para aclarar los hechos. En la denuncia, dos mujeres sostienen haber sido presionadas para mantener encuentros sexuales con el artista en las que hubo presuntamente penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos ocurrieron en 2021 en República Dominicana, donde vive el artista, y en la isla de Bahamas.

Julio Iglesias, quizá el cantante español más conocido del mundo y quien a sus 82 años vive retirado en una mansión en la República Dominicana, presentó diversas alegaciones contra el proceso judicial abierto en su contra, en las que su abogado, José Antonio Choclán, advirtió precisamente la falta de “jurisdicción” de los tribunales españoles en esta causa, ya que los presuntos delitos se habían perpetrado en los dos países del Caribe y hasta el momento no hay ningún impedimento para que la justicia de esas naciones investigue lo sucedido, una vez que ni siquiera se han presentado denuncias.

En su escrito, la fiscalía sostiene que “se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados” y motiva su decisión en que “no concurre territorialidad, no concurren los requisitos del principio de personalidad activa, no se da ninguna de las conexiones materiales exigidas por la ley y por ello se debe proceder al archivo”. En este punto del proceso, ahora sólo queda que el tribunal de la Audiencia Nacional archive definitivamente la causa y asuma la tesis de la fiscal.

La fiscal apela a la jurisprudencia del Supremo que insiste en que la jurisdicción universal se encuentra limitada por el principio de subsidiariedad y por la exigencia de conexiones relevantes con España y cita sentencias en las que se recuerda que no corresponde a España “investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello”. Con la decisión, se pone punto y final a la posibilidad de que el Ministerio Público apoye con una querella la apertura de una instrucción sobre la denuncia.

Antes del archivo por parte de la Fiscalía, el cantante español había iniciado una ofensiva en los medios de comunicación, en la que filtró supuestos mensajes privados entre él y las dos mujeres que presentaron la denuncia y en los que ellas se mostraban agradecidas al artista y hasta cariñosas. Según la versión de Iglesias, estos mensajes fueron escritos después de las supuestas agresiones sexuales a las que les habría sometido.

El origen de la denuncia es una investigación periodística realizada por el portal de noticias eldiario.es y Univisión, que supuestamente duró tres años y en las que habrían hablado con numerosas personas vinculadas al artista y habrían constatado las supuestas agresiones sexuales, en las que hubo, según la denuncia, desde penetraciones, bofetadas, vejaciones físicas y verbales y humillaciones.

Una de las ex empleadas de Julio Iglesias aseguró incluso que el artista español la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral y que “me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava” y que estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico. Además denuncian las “condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias”.

Ante la decisión de la fiscalía, las organizaciones que acompañaron a las denunciantes, Woman’s Link y Amnistía Internacional calificaron la decisión de “lamentable” y de que se “pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia”.