La SCJN acordó no utilizar y devolver las camionetas Jeep Cherokee adquiridas, tras cuestionamientos por su costo, y reiteró su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos.
IMER Noticias
Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron no utilizar y devolver las camionetas Jeep Cherokee recientemente adquiridas, cuyo valor aproximado es de 1.7 millones de pesos por unidad, sin considerar los costos adicionales de blindaje.
La decisión fue difundida este domingo a través de los canales oficiales del máximo tribunal, donde se informó que se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes para la devolución de las unidades o, en su caso, su reasignación a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, siempre en apego a la normatividad vigente.
Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan…
— Suprema Corte (@SCJN) January 25, 2026
SCJN reitera su compromiso con el uso de los recursos públicos
En el posicionamiento, la SCJN reiteró su compromiso con el manejo responsable de los recursos públicos y con el fortalecimiento de una justicia cercana a la sociedad. Asimismo, se anunció que este lunes se ofrecerá una conferencia de prensa para explicar con mayor detalle los alcances de la determinación.
La medida se da luego de la polémica generada por la renovación del parque vehicular del Poder Judicial, que incluyó unidades nuevas emplacadas en el estado de Morelos, lo que provocó cuestionamientos en redes sociales sobre el gasto y su congruencia con los principios de austeridad, al evitar el pago de la tenencia vehicular en la Ciudad de México.
Renovación de vehículos para mayor seguridad y ahorro: SCJN
Previamente, el Órgano de Administración Judicial había señalado que la adquisición de los vehículos respondió a la necesidad de sustituir unidades de los modelos 2019 y 2020 que presentaban fallas frecuentes y riesgos de seguridad, además de representar una opción más eficiente frente al esquema de arrendamiento.
Según cifras oficiales, entre 2022 y 2025 el Poder Judicial operó bajo un modelo de renta vehicular que implicó un gasto anual superior a los 366 millones de pesos. En contraste, a finales de 2025 se aprobó una inversión de 252 millones de pesos para la compra de 571 vehículos, con un ahorro estimado de más de mil millones de pesos para el periodo 2026–2028, además de la incorporación de unidades híbridas y eléctricas para reducir costos de combustible y mantenimiento.
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