Al iniciar el periodo de sesiones 2026 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz advirtió que la “ley del más fuerte” no puede definir el destino del mundo, en referencia a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Hazel Zamora
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz inauguró el primer periodo de sesiones de 2026 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un llamado a construir una sociedad de paz y bienestar, en un contexto marcado por la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Al retomar este lunes las sesiones públicas del Pleno, Aguilar Ortiz señaló que, frente a los recientes acontecimientos en el ámbito internacional, las y los ministros refrendan su convicción de fortalecer un marco jurídico que permita resolver las diferencias y avanzar hacia una sociedad más justa y digna.
“No podemos permitir ni tolerar que sea la ley del más fuerte el que impere, el que se imponga y conduzca los destinos de nuestros países y del mundo entero”.
Necesidad de paz y respeto a la soberanía
En su mensaje, el ministro presidente reiteró la necesidad de apostar por la paz, el bienestar y un marco jurídico como principios fundamentales.
“Desde el ámbito comunitario, las entidades federativas, desde nuestro país y del concierto de las naciones, debemos tener fe en el marco jurídico que nos hemos dotado. Quiero convocar a todos a hacer de este marco jurídico el instrumento y la herramienta para construir una sociedad de paz, una sociedad de bienestar”.
En el mismo sentido, la ministra Lenia Batres Guadarrama llamó a “cerrar filas” en defensa del orden jurídico internacional para garantizar el respeto a la soberanía y a la libre determinación de los pueblos.
Por otra parte, al inicio de la sesión, la ministra Yazmín Esquivel Mossa presentó el informe de la Comisión de Receso de la Corte. Detalló que durante ese periodo se atendieron 246 expedientes: 239 fueron turnados a la Subsecretaría General de Acuerdos en materia de juicios de amparo y siete a la Sección de Trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Además, se firmaron 12 acuerdos y se admitieron a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra disposiciones del Código Penal de San Luis Potosí y contra leyes de ingresos de municipios del estado de Tlaxcala.
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