La Habana/Tal y como adelantó la agencia Bloomberg ayer, Estados Unidos ha emitido una aclaración sobre la anunciada autorización para que los privados puedan importar combustible. En un comunicado oficial publicado este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro anunció que podría aplicar una política favorable de licencias para autorizar la reventa de petróleo de origen venezolano a Cuba, siempre que las operaciones estén destinadas a apoyar al pueblo cubano y excluyan a entidades vinculadas al régimen. La medida, presentada como un ajuste técnico dentro del régimen de sanciones, abre una esperada rendija regulatoria en medio de la aguda crisis energética que atraviesa la Isla.
Según la guía FAQ 1238 publicada por Washington, las posibles transacciones deberán beneficiar al sector privado o tener fines humanitarios y no podrán involucrar a las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia ni a entidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba. El objetivo declarado es aliviar las carencias sin proporcionar oxígeno financiero al aparato estatal.
El anuncio se produce en un momento especialmente crítico para el sistema energético cubano. En las últimas semanas, la Isla ha sufrido un colapso de los servicios que dependen del combustible. Washington, además, ha endurecido las condiciones comerciales: los aliados de Venezuela –incluida Cuba– deberán pagar precios de mercado por el crudo, lo que introduce nuevas dudas sobre la capacidad de La Habana para financiar importaciones regulares.
“Todas las terminales marítimas de Cuba, así como las terminales de distribución locales y los camiones cisterna son propiedad de Cupet”
Para el experto en energía Jorge Piñón, sin embargo, la medida tiene un alcance práctico mucho más estrecho de lo que parecería. El analista subraya a este diario que la propia arquitectura del sector petrolero cubano dificulta operaciones de gran volumen.
Piñón advierte de que “todas las terminales marítimas de Cuba, así como las terminales de distribución locales y los camiones cisterna son propiedad de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), la empresa estatal que monopoliza la importación, refinación y distribución de combustibles en la Isla”. En su criterio, esta realidad operativa limita severamente cualquier esquema que pretenda mover grandes volúmenes de combustible sin beneficiar al Estado.
El experto concluye que el diseño regulatorio prácticamente excluye la importación por vía convencional. “Por lo tanto, pienso que esto excluye la compra y comercialización de combustibles procedentes de Venezuela en grandes cantidades, los cuales tendrían que llegar a Cuba en tanqueros”, señaló.
A juicio de Piñón, el margen real podría quedar reducido a envíos de escala mucho menor. “Sería pues en pequeñas cantidades, 25.000 litros transportados en los isotanques”, apuntó, en referencia a los contenedores modulares usados para cargas especializadas.
Esta interpretación coincide con la letra fina de la política estadounidense, que insiste en que las operaciones deben demostrar un beneficio directo para el pueblo cubano y no para las estructuras estatales. En la práctica, el control casi absoluto de la cadena logística por parte de Cupet –desde la recepción portuaria hasta la distribución interna– convierte ese requisito en un filtro muy restrictivo.
La nueva medida de la Ofac parece responder más a una lógica de calibración política que a un cambio de fondo en la estrategia de presión
Aunque la medida podría facilitar operaciones puntuales para actores privados o fines humanitarios, varios analistas consideran que difícilmente resolverá la crisis estructural de combustible en la Isla.
Cuba ha dependido durante décadas del suministro venezolano, pero los envíos fueron cayendo de forma sostenida en los últimos años. La paralización de cargamentos desde finales de 2025 –con excepción de un tanquero que llegó de México en enero–, ha agravado la incapacidad del sistema eléctrico para mantener la estabilidad, con efectos visibles en el transporte, la generación térmica y la actividad económica. Esto se agravó todavía más tras la captura de Nicolás Maduro y la posterior orden ejecutiva de Donald Trump. Aunque el fallo de la Corte Suprema debilitó el mecanismo arancelario que sostenía el bloqueo petrolero, se mantiene en vigor la declaración de emergencia nacional con respecto a Cuba.
En ese contexto, la nueva medida de la Ofac parece responder más a una lógica de calibración política que a un cambio de fondo en la estrategia de presión. Washington intenta, por un lado, mostrar sensibilidad ante el deterioro humanitario y evitar una posible crisis migratoria. Por el otro, mantiene el cerco financiero sobre el entramado empresarial-militar que controla los combustibles en la Isla.
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