Raúl Benet alerta que el T-MEC permite a empresas demandar a México por ganancias futuras, poniendo en riesgo leyes ambientales y derechos.
IMER Noticias
En entrevista para IMER Noticias, el columnista Raúl Benet explica que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abre un debate crítico sobre los mecanismos de arbitraje inversionista-Estado y sus efectos sobre la política ambiental y los derechos humanos en México.
Benet advierte que estas cláusulas permiten a empresas extranjeras demandar al Estado por las ganancias futuras que consideran podrían haber obtenido, independientemente de las inversiones reales.
“Si en algún momento se declara un área natural protegida, cambia la ley, hay una política pública para proteger un río o cualquier legislación y ellos no tienen sus 100 años de las inmensas ganancias que habían pensado, demandan al Estado mexicano por esa cantidad”.
El analista compara estos mecanismos con figuras históricas de saqueo legalizado.
“Son realmente patentes de corso que tienen las empresas y que de alguna manera presionan a los gobiernos para que firmen los tratados con estas cláusulas”.
En el caso de la mina Calica, propiedad de Vulcan, Benet describió cómo la empresa reclama una indemnización multimillonaria tras la clausura del proyecto, pese a los daños ambientales constatados.
“Ellos no niegan que generaron un desastre ambiental, no niegan incluso que violaron las condicionantes que les habían puesto, sino que lo que dicen es que tenían el derecho a que se les renovara el permiso y por lo tanto México incumplió con ese derecho”.
Benet también advirtió sobre la opacidad de los tribunales internacionales que resuelven estas disputas y la desigualdad que privilegia a los inversionistas frente al Estado y las comunidades afectadas.
“Son tres personajes que pueden decidir, por ejemplo, si México le tiene que pagar 25 mil millones de pesos a la empresa o no, de una manera totalmente opaca y arbitraria”, señaló.
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