L
a primera urgencia en salud ahora es la epidemia de sarampión que sacude el país. Sus causas son en el fondo, que se perdió la llamada inmunidad de rebaño. O sea, la protección que emana de que un porcentaje de la población es suficientemente alto. La razón inmediata es que se dejaron de vacunar a los niños durante un periodo prolongado. Sin embargo, tampoco adquirieron la inmunidad natural, que deriva del contagio entre personas. Se tomó la decisión de vacunar contra el sarampión en México porque en las condiciones socioeconómicas de la población había un número considerable de defunciones; situación que no se daba en países con mejores condiciones de vida.
En este contexto es interesante constatar que la actual epidemia también se está dando en Estados Unidos. Contribuye a ello por lo menos dos cuestiones. Por una parte, el secretario de Salud, doctor Robert F. Kennedy, es básicamente un antivacunas e intenta impedir, que se usen vacunas en general. La otra razón es que las condiciones precarias de una parte de la población estadunidense se han incrementado a causa de las políticas racistas y clasistas de Trump. O sea, una parte de gente es más susceptible hoy que anteriormente. Tampoco ayuda que Trump decidió retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace unas semanas. El impacto de esta decisión será probablemente muy grave sobre todo en África, donde el organismo internacional ha tenido éxito en interrumpir la transmisión de enfermedades muy graves.
En México se logró interrumpir las epidemias de sarampión y en 2018 nuestra nación recibió un certificado como país libre de sarampión de la OMS. No deja de ser una ironía de la historia que el actual representante de México ante este organismo es Hugo López-Gatell, quien debería haber resuelto el tema de compra de vacunas durante su periodo de subsecretario de Salud. Tampoco es casual que dirigió el combate contra covid-19 supuestamente por ser un epidemiólogo destacado. Se hizo un esfuerzo importante de cubrir la población con vacuna de covid-19, pero a costa del esquema integral de inmunización, que en México era uno de los mejores en América Latina.
Simultáneamente se está poniendo en marcha definitivamente la “credencialización” para salud. Esta campaña comenzó en octubre del año pasado. Su finalidad es abrir la posibilidad que los y las mexicanas independientemente de su condición de aseguramiento –IMSS, Issste o IMSS-Bienestar OPD– puedan atenderse donde más le conviene, se supone por accesibilidad geográfica o por tipo de padecimiento. Como he expuesto reiteradamente el acceso a la atención de la salud es un problema complejo. Depende del tipo de aseguramiento, de la insuficiente infraestructura de todas las instituciones públicas, de la distribución desigual del personal de salud y de la falta de financiamiento. Esto significa que el problema no se reduce a instalar una plataforma para hacer intercambio de servicios y/o pagos interinstitucionales.
Hay tipos de padecimientos, que obligan a todas las instituciones públicas a atender a las personas, destacadamente código mater, código infarto, accidentes que ponen en riesgo la vida. Hay otros intentos, por ejemplo, el código cerebro, pero no se ha podido implantar por la dificultad de distinguir los diagnósticos entre una trombosis y un sangrado cerebral.
Donde más se podría uniformar la atención es dentro de acciones de educación y prevención, que efectivamente se está intentado. Empero, a mi entender, tienen que estar articuladas de tal manera que, por así decirlo, sean piezas del mismo rompecabezas. Como es obvio, las instrucciones dadas a los padres de familia requieren ser posibles de cumplir o en su ausencia ser proporcionadas a los niños.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estipula que el presupuesto público de salud debe ser del orden de 6 por ciento del PIB, lo que está lejos del 3 por ciento que actualmente se dedica a este rubro en México. Desafortunadamente no se observa que se haya movido este monto durante los pasados siete años.
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