Unidades ‘piratas’ arruinan a transportistas

Para que los transportistas del país ofrezcan un servicio de calidad, es necesario terminar con las unidades “pirata” que ofrecen una competencia desleal y se deben crear fideicomisos que sean garantes para que haya inversión en el sector.

En entrevista con Diario Tabasco el presidente de la Confederación Nacional de Autotransportistas y Sindicatos de Trabajadores, Bersaín Miranda Borráz, urge que haya una comunicación entre ciudadanía, prestadores del servicio y las autoridades.

El también presidente de la Alianza de Transportistas de Chiapas reconoció que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha combatido la inseguridad en las carreteras del país, pero aún falta avanzar, pues el robo de vehículos y mercancías daña sensiblemente la economía de los permisionarios.

El dirigente Miranda Borráz considera que el cambio climático “es un reto que debemos asumir todos los ciudadanos con las autoridades del sector y los transportistas de todo el país, porque los efectos y las consecuencias las estamos viviendo a diario”.

“Estamos conscientes de la afectación del transporte público, pues a diferencia de un vehículo privado que trabaja una o dos horas al día, en la modalidad de taxista opera las 24 horas y el servicio urbano 16 horas”

Plantea que el camino son los vehículos híbridos, pero por sus costos se opta por el consumo de diésel, con menos contaminación que el gas natural y la gasolina, con la desventaja que el precio de las unidades y el energético son más caros.

Señaló que para ello se requiere el apoyo de las autoridades de Movilidad y Transporte, “que sean garantes para la inversión. Lamentablemente padecemos una enfermedad que es un cáncer, el transporte “pirata”, irregular, que es una caja chica para los funcionarios que no son muy honestos. Es una competencia desleal que en el fondo inhibe la calidad del servicio público”.

El presidente de los transportistas destacó que “quienes queremos mejorar el servicio, no podemos hacerlo porque tenemos una competencia ruinosa. Ese es el apoyo que necesitamos de las autoridades. Nosotros no buscamos subsidio, pero requerimos de esa garantía. No es en todos los estados, no se puede generalizar que en todos los estados son corruptos, pero afectan a la sociedad con la mala calidad del servicio, con inseguridad para la población usuaria”

Observó que se aprobó en la Constitución del país la Ley de Movilidad y Seguridad, con el respaldo de los congresos locales. En el fondo busca ser garante para el peatón, para los ciudadanos que utilicen el servicio público. En ese marco también es para establecer políticas públicas en favor del medio ambiente. Los efectos de los gases de invernadero están provocando el cambio climático. Para ello se requieren de grandes inversiones y para invertir se necesitan las garantías de que los transportistas tengan los ingresos suficientes, establecer tarifas que permitan tener un colchón para la renovación del parque vehicular.

Lamenta que el problema que enfrentan los transportistas es cuando los funcionarios públicos buscan otro cargo para mantenerse en política y autorizar los incrementos en las tarifas lo ven con impactos social y político negativos.

Argumenta que ello es debido a la falta de información a la ciudadanía de un estudio de costos, con una medición real, sobre el financiamiento, del mantenimiento de las unidades de acuerdo al manual que recomiendan las agencias.

Asevera que si al ciudadano se le explica que habrá un ajuste a las tarifas para brindarles un servicio de calidad, con unidades en buenas condiciones, que garantice a los operadores su garantía social, se daría una buena sinergia, pero ha faltado esa buena comunicación entre ciudadanos, funcionarios y transportistas. “Por parte de nosotros los transportistas hay la voluntad de impulsar de una cruzada nacional por el bien de la sociedad”.

Identifica que las dos administraciones federales panistas y la posterior priista con los “gasolinazos” recurrentes “nos tienen prácticamente al borde de la quiebra, porque los ajustes a los combustibles no fueron acompañados con las tarifas del transporte público. Traemos un rezago de 15 años. Por eso la ciudadanía reclama un mejor servicio y quienes recibimos todas las críticas, somos los transportistas. Actualmente estamos subsistiendo”.

Señala que otro parámetro son los incrementos en los salarios mínimos porque también traían un rezago. En general impactan los insumos, el ajuste salarial, las refacciones, el costo de las unidades. “Por ejemplo una Urvan costaba 350 mil pesos por los más de 700 mil actuales de contado. Financiada sale en casi un millón de pesos. Eso es lo que desconoce la población usuaria que con justa razón nos critica porque ignoran nuestro rezago. Esto es lo que está estrangulando al sector transportista”.

Indica que están buscando una relación distinta entre los funcionarios y los transportistas en los estados para hacer una buena sinergia.

A la presidenta Claudia Sheinbaum le propusieron que en respuesta a ese desfasamiento de tarifas en las agrupaciones micro y pequeñas, que suman la mayoría en el país, tener un acceso a seguros con bajo interés, pues debido al riesgo propio del transporte público los costos son mas elevados que el particular.

“Por eso estamos buscando con las autoridades de Transporte del país un esquema en el que no nos obsequien, no nos subsidien, lo que buscamos es que se puedan formar fideicomisos entre los gobiernos estatales y de ser posible con la Federación. Ese recurso no se utilizará para la adquisición de vehículos, sino que sirva como garantía liquida. Ese dinero que aporte el gobierno estará asegurado porque no se va a mover. Servirá para bajar las tasas de interés a un 50 por ciento con la banca de piso. Se le planteó a la entonces candidata Claudia Sheinbaum y escuchó el planteamiento, pero no se le ha dado seguimiento”.

Reconoció “el esfuerzo que se está haciendo en las carreteras para combatir el flagelo de la inseguridad, que no es fácil contrarrestarlo porque se dejó crecer demasiado al perderse la gobernabilidad. El impacto se refleja en las altas tarifas de los seguros por el índice de robo de vehículos y de mercancías que significan pérdidas porque no se recupera la plusvalía. Consideró que la ciudadanía debe cooperar con las autoridades y sobre todo recuperar en el seno familiar los valores que se han perdido, al igual que los medios de comunicación”.

Finalmente le pide a la clase política que no solo escuche a los transportistas, sino que los atiendan en el seguimiento a los temas planteados, no solo en épocas electorales para lograr un vínculo de comunicación más estrecho entre sociedad y gobierno.