A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, la CNDH señaló omisiones de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto de Ciencias Forenses que vulneraron derechos humanos y afectaron la investigación.
IMER Noticias
A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que la Fiscalía y el Instituto de Ciencias Forenses del estado incurrieron en una serie de omisiones que vulneraron derechos humanos, así como el derecho a la legalidad y seguridad jurídica y el acceso a la justicia.
En su recomendación sobre el caso, la CNDH encontró que personal de ambas instituciones no realizaron de manera integral el procesamiento técnico de todos los indicios localizados, lo que era fundamental para preservar el lugar de los hechos y la eficacia de la investigación.
Comunicado CNDH. Foto: CNDH.
“Retraso injustificado”
Tampoco se encontraron constancias que acreditaran el aseguramiento de varias prendas ni la elaboración de los registros correspondientes de cadena de custodia. Además, la CNDH señaló que la Fiscalía de Jalisco no cumplió su obligación de asegurar el rancho y hubo un “retraso injustificado” en la confronta de muestras biológicas con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas.
A esto se sumó que, el 20 de marzo de 2025, se permitió que personas entraran al inmueble, que aún permanecía en proceso de intervención pericial.
“Debido al número considerable de participantes se perdió el control del área, lo que derivó en la alteración del lugar y de los indicios”.
Comunicado CNDH. Foto: CNDH.
Por ello, la CNDH solicitó a las personas titulares de ambas instituciones tres acciones principales:
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Realizar, en un plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos;
Elaborar un protocolo de actuación para la correcta preservación y
Aseguramiento de los lugares de intervención y sus hallazgos así como colaborar en el procedimiento administrativo en contra de las personas servidoras públicas señaladas en la Recomendación.
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