La Habana/Exceso de demanda y poca oferta de personal calificado, es el principal escollo que enfrenta en Cuba el sector de los cuidados para ancianos. Lo cuenta a 14ymedio una cubana residente en España, que ha tenido que viajar a La Habana justamente para encontrar a alguien que se haga cargo del único familiar anciano que le queda en la Isla.
“No hay nadie que quiera dedicarse a esas labores, y los que sí, ofrecen un baile de precios”, lamenta la mujer, que afirma que el problema no es solo que “nada más aceptan divisas”, sino el “temor de los que estamos en el extranjero de meter a alguien desconocido en la casa de un viejito”.
De hecho, ella tendrá que prolongar su estancia en la capital cubana, en un principio prevista para dos semanas, para seguir buscando personal.
Mientras tanto, ante la crisis en las residencias para el cuidado de adultos mayores o en situación de discapacidad en el país, que tienen en el abandono a miles de ancianos, el Gobierno ha emitido una nueva normativa para que las empresas privadas gestionen este tipo de establecimientos. Publicada en la Gaceta Oficial del pasado 26 de febrero, la medida es la continuación al decreto publicado en 2024, conocido como Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, que ponía como objetivo contribuir a que los cuidados “se redistribuyan entre los diferentes actores sociales y económicos, y al interior de las familias, sin discriminación de ningún tipo; y favorecer la autonomía y bienestar de las personas, aunque no se había desarrollado un marco legal para su funcionamiento.
Se establece que estos servicios funcionen como complemento de la red estatal, como casas de abuelos y hogares de ancianos
En el documento se establece que estos servicios funcionen como complemento de la red estatal, como casas de abuelos y hogares de ancianos, y obliga a los nuevos prestadores a reservar “al menos el 10%” de sus capacidades para personas vulnerables consideradas “de interés social”, con tarifas equiparadas a las de instituciones estatales certificadas y la posibilidad de que la Asistencia Social asuma pagos cuando exista insolvencia acreditada.
La nueva normativa fija tres modalidades de servicios: residencias de cuidados diurnos, residencias permanentes y centros mixtos que combinan ambas opciones. Estos espacios estarán destinados a personas adultas mayores o ciudadanos con discapacidad que requieran atención especializada, supervisión médica o apoyo en actividades básicas diarias.
Los interesados en crear estos centros deberán tener el aval del director general del Ministerio de Salud Pública de cada municipio, y el Ministerio de Finanzas y Precios evaluará incentivos fiscales y definirá beneficios económicos que estimulen el desarrollo de estos servicios, mientras que gobernadores, intendentes y administraciones municipales quedan encargados de promoverlos, identificar inmuebles y facilitar insumos.
La medida también determina una exención en el pago del arrendamiento del local estatal donde se prestará el servicio durante dos años
La medida también determina una exención en el pago del arrendamiento del local estatal donde se prestará el servicio durante dos años, prorrogable a tres. Luego de ese periodo, las autoridades evaluarán si otorgan el local en usufructo.
Un punto medular que queda abierto en el Acuerdo es el de las tarifas. En el documento se indica que será el Ministerio de Finanzas y Precios el que determine los montos. Ante el golpeado bolsillo de los cubanos, la medida, que busca “ampliar el alcance de los servicios sociales de cuidados a personas adultas mayores o en situación de discapacidad”, podría encontrar un obstáculo si los precios llegan a ser elevados.
Ya existe un ejemplo de ello con la pyme TaTamanía. La empresa surgida en 2023, que en su web dice ser la “primera agencia privada en Cuba dedicada al cuidado”, ofrece servicios para personas con movilidad, con costo de 1,10 dólares por hora; para personas con movilidad reducida, 1,35, mientras que la atención en hospitales se cobra a 1,50. El mínimo para solicitar el servicio es de 40 horas semanales por un mes. El plan más barato sale en 176 dólares, unos 89.760 pesos al cambio informal al día de hoy.
La nueva normativa, dice el texto, se debe al “acelerado proceso de envejecimiento de la población cubana”
La nueva normativa, dice el texto, se debe al “acelerado proceso de envejecimiento de la población cubana, que demanda un incremento de las atenciones” y por “la necesidad de ampliar el alcance de los servicios sociales de cuidados a personas adultas mayores o en situación de discapacidad”, cuya atención en la Isla siempre fue exclusiva de la familia o de entidades estatales.
El éxodo masivo de jóvenes cubanos ha dejado a miles de ancianos solos, sin redes de apoyo familiar para cuidados básicos. Ello ha llevado a que los hogares de ancianos tengan una nutrida población, que no alcanza a tener garantizados los servicios más básicos, como la alimentación. Un botón de muestra es el Hogar 13 de Marzo en Guanabacoa, en la capital, donde es común ver que los residentes mendiguen por un pan o dinero en las rejas que delimitan al lugar con la calle.
Esa falta de acceso a los alimentos, no obstante, no se ha quedado solo dentro de esos centros. Según el VIII Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh), ocho de cada 10 cubanos mayores de 61 años tuvieron que dejar de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero o escasez de comida el año pasado.
El problema es mayúsculo si se toma en cuenta que uno de cada cuatro cubanos tiene 60 años o más. El alto grado de envejecimiento en la Isla posiciona al país como el más envejecido de América Latina y el Caribe, una tendencia que ha ido al alza desde inicios de la década del 2000.
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