En lo general, la reforma para fijar tope a pensiones doradas fue aprobada por unanimidad, pero partidos como MC y PAN anticiparon reservas para modificar detalles
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
“La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas”, agregó.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, una reforma al artículo 127 de la Constitución para poner un límite a las denominadas “pensiones doradas” de extrabajadores de las empresas del Estado mexicano, como Pemex y CFE, organismos descentralizados y demás instituciones del Gobierno.
Para la votación en lo general, la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbuam consiguió 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Sin embargo, para la discusión en lo particular bancadas como la de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional anunciaron reservas para modificar aspectos particulares de la reforma.
La diputada morenista Haidyd Arreola, quien presentó el dictamen en la tribuna de San Lázaro, explicó que la reforma busca corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones, puesto que lo legal “no siempre es justo” y al mencionar datos de la de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, del Inegi, puntualizó que las jubilaciones en promedio rondan los cuatro mil 600 pesos al mes.
“El señor Juan Rubio Martínez, originario de Autlán de Navarro, Jalisco, con 88 años, trabajó más de 30 años de su vida, cotizando mil 117 semanas y actualmente recibe una pensión mensual de cuatro mil 511 pesos. También les voy a hablar de Carlos Arturo Sánchez Magaña, que recibe una pensión por la cantidad de un millón 100 mil 361.34 pesos al mes”, contó la legisladora.
La propuesta establece de manera concreta que “las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente”.
Es decir, para este 2026 el salario neto -después de impuestos- de la Presidencia es de 134 mil 290 pesos, por lo que el 50 por ciento que se establece como máximo sería de alrededor de 67 mil 145 pesos. Sin embargo, la reforma no contempla si se considera el salario presidencial neto o bruto.
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