En tiempos donde las instituciones suelen medirse más por su capacidad de resistir que por su margen de acción, el saldo del llamado “plan B” electoral deja una conclusión que no es menor: el Instituto Nacional Electoral salió, dentro de lo posible, con vida institucional.
No era un desenlace garantizado. Durante meses, la narrativa política anticipaba un rediseño profundo del árbitro electoral, uno que podía comprometer su autonomía o reducirlo a una extensión operativa del poder político. El desprecio hacia el INE mostrado todo el tiempo por el elaborador de la propuesta original de reforma electoral, Pablo Gómez, anticipaba peores escenarios. Sin embargo, la versión final impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se quedó corta respecto a esos temores.
Sí, hubo recortes. Sí, se ajustaron estructuras. Pero lo esencial —las atribuciones sustantivas del INE, su carácter de órgano autónomo y su papel como garante de los procesos electorales— permaneció intacto. Y en política, sobre todo en la mexicana reciente, eso cuenta como una victoria defensiva.
El instituto que encabeza Guadalupe Taddei no fue desmantelado ni subordinado. No se cruzó la línea que lo hubiera convertido en un órgano dependiente del Ejecutivo federal. Esa frontera, que en otros momentos parecía difusa, terminó por respetarse. Quizá por cálculo político, quizá por presión pública, quizá por los contrapesos institucionales aún vigentes. El motivo es relevante, pero el resultado lo es más.
Conviene subrayarlo: en un contexto donde varias instituciones autónomas han enfrentado presiones abiertas o recortes sistemáticos, el INE logró conservar su columna vertebral. No es poca cosa.
Desde luego, el episodio no cierra la discusión. Apenas la desplaza. El siguiente frente ya está en marcha: la renovación de tres consejerías dentro del propio instituto. Ahí, el riesgo no pasa por una reforma legal, sino por una vía más silenciosa y, a menudo, más eficaz: la captura gradual mediante nombramientos.
Si el oficialismo opta por perfiles abiertamente alineados, el equilibrio interno del INE podría modificarse sin necesidad de cambiar una sola ley. Es una ruta distinta, menos estridente, pero potencialmente igual de determinante. Sin embargo, esa es otra historia, todavía en desarrollo.
Por ahora, lo que queda es un corte de caja: el plan B no logró debilitar estructuralmente al INE. Lo dejó con menos recursos, sí, pero con las herramientas esenciales para cumplir su función. En un entorno político donde las derrotas suelen ser absolutas, haber evitado la peor versión del desenlace ya es, en sí mismo, un resultado positivo.
El INE resistió. Y en estos tiempos, resistir también es ganar.
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