De acuerdo con el diputado Ramírez Cuellar el Plan de Desarrollo 2025-2030 contempla una inversión de seis billones de pesos “buena parte de estos recursos tiene que salir de la inversión privada”, dijo.
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
También se contemplan contratos plurianuales, mecanismos extraordinarios de contratación, así como mecanismos de control y transparencia para evitar riesgos y garantizar la estabilidad de las finanzas públicas.
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Con la mayoría de Morena y aliados, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, crear la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar con la cual se regulan las inversiones público-privadas en infraestructura social.
La nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, así como reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, recibió el aval de 389 diputados y diputadas en una tercera y última sesión en el mismo día.
Con esta nueva ley, la cual fue aprobada durante la mañana del miércoles en las Comisiones Unidas de Infraestructura y de Hacienda, de la Cámara de Diputados, el Estado abre las puertas a la iniciativa privada para impulsar las inversiones público-privadas y promover la prosperidad compartida.
Al presentar el dictamen, el morenista Fernando Jorge Castro Trenti mencionó que esta nueva ley se creó con la lógica de edificar una nueva política con visión, con fundamento legislativo, que haga y que dé la posibilidad de construir herramientas dinámicas, modernas, ejecutivas, de tal suerte que la derrama económica, que el ahorro interno de los mexicanos se convierta en la palanca de desarrollo.
Por su parte, en representación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el morenista Carol Antonio Altamirano destacó que el dictamen tiene un propósito claro: fortalecer el marco institucional que rige la inversión en infraestructura en nuestro país.
El dictamen plantea un marco integral para impulsar la inversión en infraestructura, atraer capital con reglas claras y promover un crecimiento económico ordenado, equitativo y orientado a modernizar al país mediante proyectos estratégicos que requieren más de 5.6 billones de pesos
“Este dictamen establece un marco claro, completo y eficaz para impulsar la inversión en infraestructura y promover el bienestar social. Con ello, se logrará atraer inversión con reglas claras, desarrollar infraestructura con orden y avanzar hacia un crecimiento económico responsable y equitativo. Es la alternativa adecuada ante la necesidad de invertir para que México cuente con una infraestructura moderna, para lo cual se requiere movilizar más de 5.6 billones de pesos en proyectos estratégicos”, dijo.
Antes de la discusión, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, explicó a medios de comunicación que el tipo de inversiones mixtas ya es legal en rubros como energía y electricidad; y ahora la discusión es sobre la asociación público-privada para invertir en infraestructura social.
“Tenemos proyectado casi seis billones de pesos entre 2025 y 2030. Buena parte de estos recursos tiene que salir de la inversión privada (…) hoy no solamente ratificamos la vigencia de la inversión mixta, sino que pusimos en marcha muchos esquemas, vehículos, proyectos de carácter financiero, porque lo que estamos buscando es hacer una movilización nacional de una gran cantidad de recursos”, explicó.
Horas antes de la discusión de este dictamen, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Kenia López, ironizó que el Gobierno federal hace bien al retomar estrategias que se utilizaban en gobiernos panistas y que se eliminaron durante el sexenio pasado.
Con la misma idea, el panista Héctor Saúl Téllez planteó tajante los votos en contra de Acción Nacional puesto que advirtió que se pretende disfrazar la deuda pública en gasto corriente y desde la tribuna de San Lázaro denunció que Morena endeudó al país al duplicar la deuda pública.
“¿Quieren que haya inversión? den seguridad al empresariado. ¿Quieren que haya inversión? Terminen con la reforma judicial. ¿Quieren que haya inversión? Vayamos y respetemos a nuestros socios comerciales. Eso es lo que debe de dar certeza jurídica para el empresariado”, cuestionó.
El priista Emilio Suárez, quien desde el principio anunció el voto en contra del partido tricolor, puntualizó que además de que la economía mexicana no atraviesa su mejor momento, el modelo económico vigente ha sido insuficiente para atraer la inversión que el país requiere.
“Hoy el propio gobierno recurre bajo un nuevo diseño a esquemas de participación público- privada que en el pasado cuestionó y hay que decirlo con claridad, desde el PRI no estamos en contra de estos mecanismos (…) lo que nos preocupa y por lo que no podemos acompañar este dictamen radica en la forma en la que se pretende reimpulsar este modelo, incorporando elementos que abren espacios de discrecionalidad, concentran decisiones y generan riesgos fiscales y presupuestarios relevantes”, advirtió el priista.
La nueva ley cuenta con 141 artículos y se basa en principios de austeridad, disciplina financiera, sostenibilidad fiscal y responsabilidad hacendaria. La normativa incorpora vehículos de coordinación en inversiones para incorporar a los sectores público, privado y social en un mismo objetivo: el desarrollo de infraestructura social en áreas como carreteras, ferrocarriles, agua, energía, medio ambiente, salud y educación.
Asimismo se contempla la creación del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura para establecer criterios técnicos, emitir lineamientos de coordinación y formular recomendaciones sobre inversiones conjuntas entre el sector privado y público.
De acuerdo con la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta nueva ley se alínea con el Plan México, el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, y el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026- 2030.
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