La herencia fiscal

Llegó el primer balance de la administración de las finanzas públicas del Gobierno Federal. La Presidenta Sheinbaum recibió una herencia fiscal con claroscuros: compromisos sociales firmes, pero también poco margen presupuestal.

El think tank México Evalúa presentó el estudio “Navegando las finanzas públicas de 2025”. En él se resaltan tres cuestiones: 1) el panorama del gasto público, 2) el manejo de la deuda pública y 3) los recursos destinados a la inversión. A la Presidenta le tocó recibir finanzas públicas presionadas, con mecanismos y recursos limitados se tiene que mantener la política de desarrollo social y combate a la pobreza. A continuación, los principales hallazgos de México Evalúa.

A pesar de la austeridad, el Gobierno Federal no ha dejado de incrementar su gasto, aunque sí logró disminuir su ritmo de crecimiento. En 2025 se gastaron 368 mil millones de pesos adicionales a lo previsto, pero más de la mitad de ese gasto tuvo que irse al rescate de Pemex. Esta forma de gastar los recursos públicos implicó que en 2025 el país tuviera menos recursos para salud que en 2024. La Organización Mundial de la Salud recomienda el 6% del PIB, pero en México no supera el 3%. De igual forma sucede en materia de gasto para seguridad pública y acceso a la justicia, con un gasto por persona de 2,908 pesos, mientras que en países latinoamericanos en promedio destinan 3,394 pesos por persona.

El Gobierno de la presidenta Sheinbaum sabía de la herencia en materia de deuda pública que dejó su antecesor, el endeudamiento más grande en 35 años. Deuda que, para el cierre del año pasado, representó para cada ciudadano un valor de 140,736 pesos, casi 3% mayor que en 2024 o el equivalente a 3,998 pesos adicionales. A pesar de que la SHCP se fijó reducir el déficit de 5.8% a 3.9% del PIB, se llegó al 4.8%. Es decir, de forma simplificada, se vienen arrastrando casi 2 billones de pesos que se contrataron como deuda. Para pagar la deuda sin una gran reforma fiscal, el Gobierno utilizó mecanismos de fiscalización. Es decir, el SAT como pilar para aumentar los ingresos del cobro de impuestos.

Aunque los recursos para Pemex deberían ser recursos productivos o de inversión, la situación se agravó. Mientras Pemex aportó 240 mil millones de pesos a las arcas públicas, el Gobierno Federal tuvo que inyectarle 396 mil millones de pesos. En México pasamos de beneficiarnos del “petróleo de la Nación” a subsidiar a la empresa pública. Una noticia preocupante es que los recursos destinados a inversión disminuyeron. Se recortó la inversión física utilizada para construir infraestructura. La caída fue de 28.4%, equivalente a lo que el país invertía en 2019. Un monto insuficiente para las necesidades del país para aprovechar el nearshoring o eventos como el Mundial de Futbol.

Como lo apunta México Evalúa, el riesgo en materia de finanzas públicas no es el tamaño de la deuda o los niveles de inversión, sino la estructura rígida del gasto. El pago de programas sociales, pensiones, transferencias a las entidades federativas y municipales, rescates a Pemex y el pago de la deuda pública deja sin margen de maniobra al Gobierno Federal. Se requiere hacer más grande el pastel; las rebanadas ya se ajustaron en lo posible. Para ello, México necesita crecer económicamente, no solo en métricas de felicidad, sino en materia de expansión económica del PIB.

Quedan aún tres trimestres de 2026. Más allá de los ajustes administrativos, el verdadero desafío será impulsar el crecimiento económico a través del Estado de derecho y la confianza de los inversionistas. Habrá que ver si este aspecto se cuida con el Plan B de la reforma electoral.