La nueva Ley de “Inversiones” de Cuba: la piñata castrista

Miami/El 16 de marzo de 2026, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversiones de la Cuba comunista, Óscar Pérez-Oliva Fraga, anunció un cambio radical. Los cubanos que viven en el extranjero —independientemente de su estatus de residencia— ahora pueden invertir, ser propietarios y asociarse en empresas privadas en la isla, incluidos grandes proyectos de infraestructura. El régimen castrista lo presentó como una apertura hacia el exilio y la diáspora. En realidad, este decreto es el acto inicial de un robo de transferencia de riqueza cuidadosamente orquestado, diseñado para blanquear los miles de millones ocultos en paraísos fiscales del castrocomunismo y devolverlos a la isla bajo el pretexto de la inversión privada “legal”. Es la transición de Cuba hacia el putinismo.

Los paralelismos con la Rusia postsoviética son inconfundibles. Tras el colapso de la URSS, la nomenklatura —los altos cargos del Partido Comunista, sus familias y el aparato de seguridad— ideó un plan fraudulento de “privatización”. Los activos estatales se subastaron a precios de saldo a personas con información privilegiada que ya habían desviado riqueza al extranjero a través de empresas ficticias. El resultado no fue el capitalismo, sino la cleptocracia: una nueva clase oligárquica surgida directamente del antiguo régimen. Cuba está replicando ahora ese modelo. Los miembros del régimen que han depositado fortunas en vehículos offshore pronto “invertirán” esos mismos fondos en su país, adquiriendo la titularidad legal de empresas mientras los cubanos de a pie siguen atrapados en la pobreza. La propia arquitectura financiera de la dictadura hace posible este plan.

Los miembros del régimen que han depositado fortunas en vehículos ‘offshore’ pronto “invertirán” esos mismos fondos en su país, adquiriendo la titularidad legal de empresas mientras los cubanos de a pie siguen atrapados en la pobreza

Consideremos la probada red offshore del régimen. El Havana International Bank (Havin Bank Ltd.), con sede en Canary Wharf, Londres, en el número 189 de Marsh Wall, ha funcionado durante mucho tiempo como la principal lavadora de dinero del régimen. Esta empresa fachada castrocomunista es 100% estatal y está vinculada al Banco Central de Cuba. Fue sancionada por la Ofac del Tesoro de EE UU en 2020 precisamente por canalizar fondos al gobierno dictatorial de La Habana. Otras entidades —ACMEX Management Company en el opaco paraíso fiscal de Liechtenstein, estructuras de Mid-Atlantic registradas en Luxemburgo y Caroil Transport Marine Ltd. en Chipre— forman una red interconectada de empresas navieras y sociedades de cartera utilizadas para mover activos de forma discreta. No se trata de empresas neutrales. Son instrumentos del Estado. La nueva ley proporciona la excusa legal perfecta: un familiar o representante de confianza de un alto cargo, ahora reclasificado como “cubano residente en el extranjero”, puede canalizar esos millones offshore hacia empresas cubanas, convirtiendo el capital ilícito del régimen en propiedad “privada”.

Hay tres posibles interpretaciones de la repentina generosidad del régimen. En primer lugar, podría tratarse de la clásica estrategia de los Castro de “cebo y cambio”. La Habana ha ofrecido repetidamente aperturas limitadas, solo para dar marcha atrás una vez que el capital ha fluido y se ha agotado su utilidad política. La historia sugiere que este patrón sigue siendo probable. En segundo lugar, el régimen podría esperar genuinamente imitar el modelo de China: aprovechar el capital del exilio y la diáspora para impulsar el crecimiento, al tiempo que se mantiene el control político. Este escenario es improbable por dos motivos. La comunidad de exiliados cubanos se ha negado sistemáticamente a invertir mientras la dictadura siga en pie, alegando el riesgo de una futura confiscación y la oposición moral a respaldar la represión.

Más decisivo aún, cualquier inversión significativa por parte de cubano-estadounidenses u otras personas de EE UU seguiría requiriendo una autorización específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE UU, en virtud del embargo estadounidense de larga data contra Cuba. El embargo —aplicado a través de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos— prohíbe en general la inversión directa en empresas cubanas por parte de personas de EE UU, con excepciones muy limitadas que no se extienden a una amplia participación comercial. Washington no está dispuesto a expedir las licencias necesarias para flujos a gran escala que rescatarían al régimen.

Washington no está dispuesto a expedir las licencias necesarias para flujos a gran escala que rescatarían al régimen

Eso deja la tercera y más plausible explicación: el modelo al estilo ruso ya en marcha. El decreto no es una liberalización económica; es una cobertura legal para la repatriación masiva y la legitimación de activos comunistas ocultos. Las personas afines al régimen —altos funcionarios, sus familias y el aparato estructural— obtendrán la condición de “inversores” bajo la nueva categoría migratoria. Sus participaciones en el extranjero aparecerán de repente como capital legítimo de la diáspora, comprando participaciones en hoteles, empresas agrícolas y micro, pequeñas y medianas empresas. El saqueo se convierte en “legal”. La dictadura pasa del socialismo de Estado manifiesto a un híbrido putinista: propiedad privada nominal controlada por la misma camarilla que ha gobernado durante sesenta y siete años.

Las implicaciones son crudas. No se trata de una invitación a auténticos emprendedores, sino de una operación estructurada para convertir la riqueza nacional saqueada en fortunas privadas protegidas. Una vez “invertidos”, estos activos quedarán protegidos de futuras sanciones y del escrutinio internacional bajo el amparo de la ley. En efecto, los saqueadores no solo están eludiendo la justicia, sino que están consagrando legalmente su robo para las próximas décadas.

Propiedad privada nominal controlada por la misma camarilla que ha gobernado durante sesenta y siete años

Estados Unidos, en la formulación de su política exterior en consonancia con la declaración de la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025, debe trazar una línea clara e intransigente. Ninguna ley o normativa de inversión promulgada por el régimen castrista-comunista merece el más mínimo reconocimiento. Para el futuro gobierno democrático de una Cuba libre, toda transacción, asociación, transferencia de acciones o reclamación de propiedad facilitada por este decreto de marzo de 2026 debe declararse nula y sin efecto desde el principio, ya que está viciada legalmente, es moralmente repugnante y estratégicamente inaceptable. Esto no es una apertura económica. Es la última fiesta de piñata del régimen para la nomenklatura, en la que los miles de millones ocultos saqueados al pueblo cubano durante décadas se abren finalmente, se redistribuyen entre la misma camarilla gobernante y sus representantes bajo el fino disfraz de “inversión de la diáspora”.

Tratar cualquiera de estas medidas como legítima es entregar a los ladrones las llaves de su propio coche de huida y bendecir el robo en tiempo real. El pueblo cubano (y las empresas y particulares estadounidenses) ya han sido víctimas de la programación en masa de robo de activos en 1959. No se les debe obligar a ver cómo se desarrolla el segundo robo sin oponer resistencia. Los gobiernos democráticos, las instituciones financieras internacionales y la propia comunidad de exiliados tienen un deber claro: rechazar el plan de plano, invalidar cada dólar que fluya a través de él y negar a la dinastía Castro el cambio de imagen al estilo Putin que tanto ansía. Cualquier cosa menos que eso es complicidad en el atraco más cínico de la historia.

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Nota de la Redacción: Este texto fue publicado originalmente en la web Patria de Martí.