Muy pocas mipymes tienen la capacidad de importar combustible

Madrid/¿Cuántas empresas privadas cubanas pueden en realidad acogerse a la medida aprobada por el Gobierno de importar combustible directamente? Menos del 33%, una considerable minoría. Es la conclusión a la que llega la consultora Auge en el tercero de los informes que ha hecho públicos sobre la situación de las mipymes ante la falta de energía, recrudecida en los últimos dos meses tras la intervención de Estados Unidos en Caracas, la cancelación de los envíos de petróleo venezolano y la posterior amenaza a los países que entreguen combustible a la Isla.

En el texto, el director de Auge, Oniel Díaz Castellanos, dice que, al cumplirse un mes del anuncio del régimen de permitir a los privados la importación directa de combustible, “la pregunta que circula en conversaciones entre empresarios no es cómo accedo a la importación directa, sino otra mucho más incómoda: ¿alguien conoce a alguien que realmente haya podido hacerlo?”.

Basándose, por un lado, en el precio que puede tener un isotanque (contenedor cisterna) y, por el otro, en las características de las empresas, las cuentas de Auge arrojan un resultado demoledor: la mayoría de ellas, alrededor de un 70%, sencillamente no puede importar combustible “por razones estructurales”.

Más allá del precio, lo que frenaría a la mayoría de las empresas particulares son cuestiones como el nivel de dependencia energética que tienen o su perfil de consumo

Un isotanque, que la consultora considera el “formato más idóneo” para la importación de petróleo y que tiene capacidad para 25.000 litros de diésel, costaría, como base, 39.500 dólares, a lo que hay que sumar otros gastos como los derechos de aduana, la comisión del intermediario estatal, el almacenaje portuario y el transporte terrestre. Todo eso eleva el costo por cada contenedor cisterna a unos 50.000 dólares.

Más allá del precio, lo que frenaría a la mayoría de las empresas particulares son cuestiones como el nivel de dependencia energética que tienen o su perfil de consumo. Analizando estos factores –con base en el primer informe de la serie, en el que trazaron un mapa de las mipymes afectadas por la crisis–, Auge explica que hay muchas que quedan excluidas per se y que las únicas que podrían “calzar” para acogerse a la medida son “una fracción de las industrias manufactureras de gran escala y empresas de transporte con flotas consolidadas”.

En ambos casos, detalla la consultora, son negocios que “ya operaban con volúmenes significativos antes de la crisis, tienen acceso a divisas, cuentan con infraestructura propia de almacenamiento y disponen de estructura gerencial para manejar operaciones complejas”. ¿Cuántos son respecto al total de 9.236 mipymes registradas en el país? “Una cifra inferior al 33%”, puntualiza el texto.

¿Cómo podrían acceder a ese combustible importado las otras 6.000 empresas que no pueden hacerlo por sí solas?, se plantea Auge, antes de ofrecer una posible solución: las “compras colectivas”. Se trata de una idea “simple en teoría”, esgrime el director de la consultora, según la cual “un grupo de pequeños empresarios se une, reúne el capital necesario para un isotanque, importa el combustible y lo distribuye entre los miembros según su consumo”. Cada uno de ellos, prosigue, “paga solo el costo real, sin márgenes de intermediarios ni mercado negro, y todos acceden a un precio muy inferior al que tendrían que pagar individualmente”.

El problema, discurre el informe, es que para que eso suceda “hace falta algo más que buena voluntad”

El problema, discurre el informe, es que para que eso suceda “hace falta algo más que buena voluntad”. Ni las medidas tomadas en estos dos meses por el Gobierno, que incluyen la legalización de las empresas mixtas de capital estatal y privado nacional, ni las anunciadas por Washington –contradictorias entre sí, pues por un lado aclaró en febrero que no habría restricciones y, por otro, hace apenas unos días, prohibió usar bancos estatales cubanos para las operaciones de exportación de combustible– están permitiendo concretar la posibilidad. Hasta el momento, son muy pocas las empresas que han podido hacerlo.

Las compras colectivas pueden solventar los escollos, pero ellas mismas, a su vez, expone Auge, enfrentan “cuatro barreras”. La primera de ellas, legal: “No hay una regulación clara que permita a un grupo de empresas registrar una importación conjunta”, dice el informe. La segunda, fiscal, puesto que “si una de las empresas figura como importadora y luego vende el combustible a las otras, eso constituye una reventa que no está claramente regulada”.

Otra dificultad logística, porque “se necesita infraestructura de almacenamiento compartido y coordinación para la distribución” (con unas pocas excepciones en el sector privado, solo el Estado tiene esta capacidad), y por último, la “confianza”. “Juntar decenas de miles de dólares entre varios empresarios requiere contratos sólidos, garantías claras y transparencia absoluta en la gestión de los fondos”, se lee en el texto.

Mientras no se derriben estas barreras –en las que el Estado tiene la mayor responsabilidad, aunque el informe no se refiere a ello en ningún momento–, Auge lamenta: las compras colectivas “seguirán siendo una posibilidad teórica, un camino explorado por muy pocos”.