Plan B, fin a los privilegios

Con el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pretende instaurar un nuevo orden político, financiero y social en la aún frágil democracia mexicana. Es irrenunciable claudicar en desterrar los privilegios, este es el momento de hacerlo. Mejorar la democracia, por ningún motivo debe ser derrochar el gasto público.

Alentar la participación ciudadana dando fin a una serie de privilegios hacia los dirigentes de los partidos políticos, funcionarios públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), diputados federales, locales, presidentes municipales, regidores y síndicos se vuelve fundamental para fortalecer la democracia y lo que gira alrededor de ella. Esta decisión ha molestado a las fuerzas políticas de oposición que se niegan rotundamente a que desaparezcan tales privilegios. El gasto irresponsable debe ser frenado ya.

Por eso, ordenar desde las entrañas a los 32 congresos locales, a los más de los tres mil cargos de presidentes municipales, entre otros, se vuelve indispensable. Es una prioridad dentro del Plan B que nadie gane más que la presidenta de México. Aunque el fino lector no lo crea, hay diputados y alcaldes que ganan más que la doctora Sheinbaum. Por eso, instaurar un nuevo orden no es una utopía, no es un capricho, es un reclamo del pueblo mexicano. Esto molesta a quienes por años han vivido de privilegios.

Reza un refrán popular mexicano, que para muestra un botón: Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), -hoy, flamante integrante del partido político Somos México-, quien continúa pensando que la sociedad no está enterada. En realidad, el ignorante es este hombre que constantemente se ha burlado públicamente de los mexicanos en cadena nacional. Su desprecio hacia los más pobres no tiene límites.

El Plan B de la doctora Sheinbaum Pardo va más allá de meros cambios en materia electoral, es toda una estrategia para terminar con tanto despilfarro de recursos públicos de los partidos políticos y autoridades electorales que pueden destinarse a mejorar hospitales, escuelas, espacios deportivos para niños (as) y jóvenes. La oposición miente cuando acusan que se quiere atentar contra la democracia en México, es, justamente, lo contrario, fortalecerla, pero no gastando dinero a lo tonto. Sostenemos la tesis de que llegó el momento de instaurar un nuevo orden en el gasto público.

Por supuesto, el Plan B va contra los altos salarios de unos cuantos, sí va contra los congresos locales que otorgan a sus diputados mucho dinero y contra las presidencias municipales que se exceden en sus gastos.

Pero qué más busca el Plan B de nuestra Presidenta, sin duda, que las fuerzas políticas reciban menos recursos, que haya transparencia, que los informes sean reales, pero, sobre todo, que rindan cuentas permanentemente. La fiscalización debe ser un distintivo de cara a las autoridades garantes, pero, sobre todo de cara al pueblo de México. Desde ahora advertimos, que el PRIAN y MC se opondrán, sin embargo, confiamos en que con los votos de Morena, PVEM y PT sea aprobado el Plan B, sin sobresaltos. Hoy como nunca, el país requiere cuidar cada peso de los mexicanos y de informar sobre su destino.

En conclusión, el Plan B, no es otra cosa que ordenar el gasto y transparentarlo. Mienten quienes dicen que atenta contra la democracia mexicana, es el fin de los privilegios y el derroche. No puede haber mexicanos de segunda o de tercera.