Pulso CDMX / La democracia que no se nombra, no existe

Hace unos días, el Senado aprobó una reforma que incorpora de manera explícita el respeto a la orientación o preferencia sexual, así como a la identidad y expresión de género, en la armonización de 28 leyes federales para prevenir cualquier forma de discriminación contra la diversidad sexual y de género. Hace unos días, el Senado aprobó una reforma que incorpora de manera explícita el respeto a la orientación o preferencia sexual, así como a la identidad y expresión de género, en la armonización de 28 leyes federales para prevenir cualquier forma de discriminación contra la diversidad sexual y de género.

En el proceso participativo para la reforma electoral, varias organizaciones, personas activistas, personas funcionarias electorales y hasta la Secretaría de Diversidad de Morena abogaron ante la Comisión Presidencial para que se incluyera con dignidad, responsabilidad, fiscalización, competitividad e integralidad acciones afirmativas para candidaturas de la diversidad sexual y de género.

¿Quién cabe cuando la ley decide a quién nombra y a quién deja en “etcétera”? Es lo que sucede con el texto de la reforma: se nombran la figura de representación migrantes, para poblaciones indígenas, afromexicanas y para “grupos subrepresentados”.

La igualdad no se administra, debe garantizarse en las mismas condiciones para TODOS los grupos y mencionar a cada uno de ellos. La Constitución prohíbe discriminar por discapacidades y por preferencias sexuales. Si el texto de una reforma menciona a unas poblaciones, pero empuja a otras a un cajón genérico de “grupos subrepresentados”, eso no es neutralidad técnica, tampoco igualdad. Lo que no se nombra se vuelve negociable. Cada partido decidirá si impulsan a la diversidad sexual y de género o a personas con discapacidad.

El INEGI estimó que 5.1% de la población de 15 años y más se identifica como LGBTI+; y que 6.8% vive con discapacidad. En el propio diseño de acciones afirmativas, el INE informó que, para integrar el Congreso en 2023–2024, las personas de grupos en situación de discriminación ocuparían 79 escaños: 43 indígenas, 5 afromexicanas, 6 migrantes, 5 de diversidad sexual y 9 con discapacidad, además de espacios en el Senado. Por eso borrar hoy a dos grupos del texto, no es simplificar: es desproteger y va en contra de la progresividad constitucional de los derechos.

Y la experiencia jurídica ya avisó lo que pasa cuando se mete todo en una sola bolsa de acciones afirmativas. En la sentencia SUP-JDC-338/2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó un acuerdo del INE y describió el problema de fondo: destinar una bolsa limitada para varios grupos “evidencia el retroceso sobre derechos ya obtenidos”.

El 5 de marzo, por iniciativa de la organización Justicia Afirmativa, decenas de asociaciones de defensa de derechos humanos, de los derechos de la diversidad sexual y de género, de personas con discapacidad y poblaciones indígenas en solidaridad se pronunciaron para modificar el texto e incluir a cada grupo por igual.

Aquí hay responsabilidades ineludibles para la acción: las personas legisladoras que llegaron al Congreso por acción afirmativa, y las que se presentan como “aliadas”, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (en silencio y omisión), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus órganos consultivos deben pronunciarse y actuar con contundencia.