Una nueva iniciativa enviada a la Cámara de Diputados por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea siete criterios para definir una vivienda adecuada
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
“Se establecen esos siete elementos mínimos que son las condiciones necesarias válidas en cualquier contexto y en cualquier momento para considerar que una vivienda es adecuada”, detalla en entrevista con este diario.
“No importa si soy un ocupante ilegal, necesito y merezco un grado de seguridad jurídica. Y así lo menciona la observación”, detalla.
De aprobarse la iniciativa en comisiones, la reforma se discutiría posteriormente en el pleno de la Cámara de Diputados y se enviaría al Senado de la República para su discusión y posible aprobación.
Nuevo concepto: vivienda adecuada
“Estamos vinculando el derecho humano al agua en la vivienda para que se garantice que cualquier desarrollo, cualquier nuevo núcleo habitacional tenga garantizada la disponibilidad de agua”, dice.
Necesario discutir sobre la tenencia de vivienda
Salinas Arreortua explicó a El Sol de México que, a su consideración, hace falta que en México se impulsen normatividades generales para el acceso a la vivienda por medio del inquilinato o de sociedades cooperativas.
Sánchez Carro coincide con este tema y explica a El Sol de México que “históricamente tenemos arreglada esta cultura de no sentirnos completamente realizadas las personas si no tenemos un inmueble en propiedad privada”.
Pero para la coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda hay muchas ideas en otros países del mundo que pueden ampliar la discusión en México sobre cómo las personas pueden habitar un hogar.
Como ejemplo, señala que en Austria o Alemania, el 80-90 por ciento de las casas son arrendadas; y que la mayor parte de las personas que habitan en Europa son arrendatarias.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.
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Sin importar si una persona es dueña de una casa, si la renta, si vive en cooperativa o incluso si vive en un asentamiento informal, las reformas a la Ley de Vivienda proponen dotar de protección y certidumbre jurídica a todas las personas para evitar desalojos, desahucio u otras amenazas.
El pasado miércoles llegó a la Cámara de Diputados una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar la Ley de Vivienda, en la que se propone cambiar el concepto de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada” como un derecho humano consagrado en la Constitución.
La iniciativa detalla que para considerarse una vivienda adecuada debe contar con siete características indispensables: seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
“Lo que pasa con esta propuesta de reforma es que estos siete elementos son parte de una fuente internacional de derechos humanos, que es la Observación General número cuatro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas”, explica a El Sol de México, Daniela Sánchez Carro, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Marín” de la Universidad Iberoamericana.
La propuesta de reforma plantea incluir en la Ley de vivienda esas siete característica, y en el caso de la seguridad de la tenencia detalla que ésta es la “condición que garantiza que los ocupantes de la vivienda tengan protección legal contra desalojos forzosos, hostigamiento u otras amenazas, sea cual fuere el tipo de tenencia”.
Todas las personas deben tener cierto grado de protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas, sin importar el tipo de tenencia de su vivienda– Iniciativa de Ley de vivienda
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, no importa si una persona tiene la tenencia de su hogar como propiedad, alquiler público o privado, vivienda en cooperativa, arriendo, asentamiento informal u ocupación de tierra; y expone que todas las personas deben tener “cierto grado de protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas”.
Sánchez Carro expone que la seguridad jurídica de la tenencia es un concepto que lleva muchos años en la normatividad de vivienda del país; “convivimos con él a través de muchas formas de escrituración, jornadas notariales a través de programas de incorporación, programas de regularización. Esto, digamos, va afianzando en la seguridad jurídica de la tenencia que implica que todas las viviendas y todas las personas tengan este reconocimiento por parte del Estado”, señala.
La especialista detalla que con base en la Observación General número cuatro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la vivienda se considera como una necesidad esencial de familias y de personas; y todas tienen derecho a una forma de protección desde el Estado.
Luego de que la Mesa Directiva de San Lázaro envió la iniciativa a la Comisión de Vivienda para su dictaminación, se prevé que la propuesta presidencial se discuta en los próximo días en la comisión encabezada por la morenista Maribel Martínez Ruiz. Hasta el cierre de esta edición, todavía no hay una convocatoria para dicha discusión.
Además de esta característica para una “vivienda adecuada”, la iniciativa presidencial plantea otras seis. Carlos E. Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) explica que la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura es de suma importancia.
Ramírez Capó agrega que la asequibilidad se observa, por su parte, en programas como el Programa de Vivienda para el Bienestar, cuyo objetivo sexenal es construir 1.8 millones de hogares a precios accesibles, de alrededor de 600 mil pesos; y que la habitabilidad debe contemplar que los hogares requieren tener condiciones estructurales seguras frente a riesgos sísmicos, tormentas tropicales, huracanes, etcétera, que son problemas que enfrenta México.
“Otra característica muy innovadora es el tema de la educación cultural, que se consideren características y prácticas de cada región. Por ejemplo, el tema de Yucatán, en donde la educación cultural sería tener el espacio necesario para poner una hamaca, que son cosas muy típicas de esa región del país”, destaca.
Al conversar con este diario, el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Luis Alberto Salinas Arreortua, cuestiona que, si se aprueba la iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda, habría que considerar la creación de mecanismos de fiscalización, de revisión o que supervisen que efectivamente la construcción de hogares cumple con las siete características de una vivienda adecuada.
Esto porque el anterior concepto de “vivienda digna y decorosa”, aunque estaba incluído en la Constitución y en la Ley de Vivienda del 2006, no se vio reflejado en la construcción masiva de casas durante las últimas décadas.
“Desde que se incluyó en la Constitución que todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, lo que ha pasado en las últimas décadas de construcción masiva, en nada se vio reflejado, por más que hubiera eso en la Constitución y en la ley del de 2006, eso no se llevó en la práctica”, criticó el investigador.
El investigador de la UNAM menciona que en nuestro país está muy arraigado en el imaginario colectivo que la vivienda propia es básicamente la única forma de acceder a un hogar. No obstante, resalta que existen muchas otras formas en que las personas pueden habitar una casa.
“Mientras se mantenga esa situación, y ahorita se continúa favoreciendo el acceso a la vivienda propiedad, creo que seguiremos presentando una sociedad totalmente endeudada donde los costos de los créditos hipotecarios están absorbiendo cada vez más los ingresos de los trabajadores y en donde para hacer frente a eso deben de hacer muchas modificaciones en la vida cotidiana”, comenta.
“Hace falta ampliar nuestra perspectiva y dar mayor incentivo, por ejemplo, a cooperativas de vivienda, a generar condiciones para que haya más créditos para vivienda social, construir más vivienda social, apoyar el arrendamiento. En Reino Unido, por ejemplo, hay subsidios para quienes rentan viviendas a estudiantes”, concluye.
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