Solo sale un cuarto de los ómnibus y un tren cada ocho días

Madrid/El balance del transporte mes y medio después de haberse implementado medidas drásticas por la crisis sin precedentes que vive el país, recrudecida por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, es desolador. Según informó el ministro del ramo, Eduardo Rodríguez Dávila, este miércoles en la Mesa Redonda apenas está operando una cuarta parte de los ómnibus provinciales y los trenes solo salen una vez cada ocho días.

En este tiempo, dijo Rodríguez Dávila, se han realizado 1.716 viajes de ómnibus en todo el país, a los que se suman 282 más destinados a “atender necesidades específicas de personas que acudieron a los gobiernos locales”, y solamente 24 viajes de tren sin contar “tres trenes extraordinarios para facilitar el traslado de estudiantes y profesores”. Por carretera se han desplazado unos 90.000 pasajeros y por ferrocarril, 40.000, detalló el ministro.

Respecto al transporte marítimo, las salidas del ferry de Isla de la Juventud se redujeron a dos por semana, de modo que nada más se han podido hacer 11, siempre dependiendo, además, de las condiciones meteorológicas. “Los vuelos nacionales se mantuvieron con ajustes, mientras que otros servicios de menor prioridad y el transporte local se reajustaron para priorizar servicios básicos de salud, educación y ciclos eléctricos, contando en muchos casos con la colaboración de actores estatales y no estatales mediante la incorporación de ecomóviles”, indica la nota oficial.

Se han paralizado, por otra parte, “debido a la crítica situación”, señaló el ministro, “la mayoría de las inversiones viales, como la que se ejecutaba en Villa Clara”

Se han paralizado, por otra parte, “debido a la crítica situación”, señaló el ministro, “la mayoría de las inversiones viales, como la que se ejecutaba en Villa Clara entre Ranchuelo y San Juan de los Yeras”, pero, aseguró, “se reanudarán tan pronto las condiciones lo permitan”. Lo que no se ha detenido, “a pesar de las dificultades”, dijo Rodríguez Dávila, es la descarga “de todos los barcos que llegaron y de todas las donaciones que hemos recibido”. En promedio, detalló también, “se extraen 300 contenedores diarios de la terminal de Mariel, que contienen alimentos, recursos médicos, insumos industriales y piezas para el programa de recuperación eléctrica, como los parques solares fotovoltaicos”.

El ministro aseguró también que pese a la situación, han tratado de “acelerar” proyectos de inversión que tenían, “como la adquisición de 25 ambulancias eléctricas, 150 triciclos eléctricos (en proceso de distribución) y 15 vehículos eléctricos para servicios fúnebres en La Habana, un programa que se extenderá a todo el país”.

El transporte no fue el único tema que se trató en el programa oficialista, muy preocupado en dejar claro que lo primordial en esta crisis es la “protección integral” de los trabajadores. Así, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, insistió en que “la prioridad número uno es la reubicación laboral, no la interrupción”; es decir, la recolocación en otro empleo antes que el paro.

¿Y dónde? En lo que el ministro señaló como “sectores estratégicos y de alto impacto comunitario”. Por ejemplo, la “producción local de alimentos”, la “atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad” o los Servicios Comunales, o sea, la recogida de basura, que inunda cada esquina de la Isla.

“Siempre es preferible estar reubicado y cobrando el salario que estar interrupto al 60%”

Durante el primer mes de “interrupción”, dice Otamendiz, aseguran al empleado el 100% del salario básico, y a partir del segundo, se le paga el 60% del salario básico, independientemente, en ambos casos, de que la interrupción sea “de manera continua o discontinua”. Es decir, especificó, “puede acumularse por días hasta completar el mes”. Este financiamiento, asevera, lo pueden asumir las empresas “mediante sus reservas” o, “en determinados casos debidamente justificados, con respaldo del presupuesto del Estado, previa aprobación correspondiente”.

En cualquier caso, pidió que esta opción no se convierta en la “regla”: “Siempre es preferible estar reubicado y cobrando el salario que estar interrupto al 60%”.

Se ha aumentado, por lo demás, el presupuesto para la atención a los más vulnerables. El año pasado, dijo el ministro, se ejecutaron 5.914 millones de pesos, con los que se atendieron a más de 600.000 personas en todo el país. Una muestra de esta “voluntad política”, indicó Otamendiz, es también el incremento de la fuerza laboral dedicada al trabajo social, que se ha duplicado en los últimos dos años. Si en 2023 el país contaba con 7.327 trabajadores sociales, ahora la plantilla prevista es de 17.513 plazas, de las cuales están cubiertas 14.397 plazas.