La prueba de ADN realizada al alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, y que resultó positiva, evidencia fallas en un sistema que aún permite el uso de recursos legales para prolongar procesos relacionados con derechos de la niñez, denunció mediante un pronunciamiento la fundadora de Ley Sabina Campeche, Aremi Gazca.
Mencionó que el proceso fue postergado durante meses mediante recursos legales y negativas constantes para asumir una responsabilidad que debió atenderse desde el inicio, y que estuvo marcado por resistencia, evasivas y dilaciones, obligando a recurrir a instancias legales para garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental.
No se trató de un acto voluntario, sino de una exigencia sostenida por quienes impulsaron el caso, subrayó, y detalló que durante el proceso fueron promovidas al menos 9 apelaciones y más de un amparo, para retrasar la resolución.
La colectiva espera que la autoridad escarceguense acepte el resultado de la prueba pericial y no interponga nuevos recursos, asumiendo sus obligaciones alimentarias conforme a lo que establezca la autoridad judicial.
Advirtió que la agrupación se mantendrá vigilante del proceso para que la sentencia se emita conforme a derecho, tomando en cuenta los resultados obtenidos, y subrayó que este caso representa un precedente en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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