EFE
Añadió que, aunque hubo un impulso inicial del Estado para impulsar políticas públicas, este no tuvo continuidad y derivó en el aplazamiento de mesas de trabajo ya acordadas y de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
El colectivo señaló que la decisión del CED se basa en información recopilada desde 2012 y en aportaciones adicionales presentadas en 2025 por el Estado mexicano, la sociedad civil y familias de víctimas.
A su juicio, esta determinación refleja la preocupación internacional por las limitaciones de las capacidades estatales para prevenir, perseguir y sancionar el delito de desaparición.
Según la nota, el comité expuso que, pese a los esfuerzos institucionales y al marco normativo desarrollado en México, persisten indicadores que muestran la insuficiencia de las acciones emprendidas.
El movimiento, integrado por más de 90 colectivos de 26 estados de México y organizaciones de Centroamérica y Estados Unidos, reiteró su disposición al trabajo conjunto.
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