Cupet empieza a repartir los combustibles a partir del petróleo ruso

La Habana/El Gobierno cubano intenta presentar como un punto de inflexión la refinación en Cienfuegos de las 100.000 toneladas de crudo donadas por Rusia, pero el anuncio de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) tiene más de alivio temporal que de solución. La frase repetida por la prensa oficial –que los derivados obtenidos permitirán cubrir “alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes”– suena contundente, pero solo se sostiene mezclando en una misma cuenta productos, usos y prioridades políticas distintas.

Lo primero que conviene desmontar es la ilusión de abundancia. De ese cargamento de unos 730.000 barriles de crudo, no sale una manguera milagrosa para surtir gasolineras, reanimar el transporte público y devolver la normalidad al país. Según el experto cubano en energía Jorge Piñón, consultado por 14ymedio, de ese volumen podrían derivarse “no más de 250.000 barriles de diésel”, una cantidad útil para decidir prioridades, pero insuficiente para resolver la crisis. Lo dijo cuando aún no se sabía que la refinería de La Habana, más eficiente, estaba parada por una avería y que el crudo ruso sería tratado en la de Cienfuegos.

La propaganda oficial no alude a los problemas de las instalaciones de la capital yevita hacer distinciones específicas. Habla de gasolina, diésel, fueloil y gas licuado como si todos fueran a aliviar al mismo tiempo a hogares, transporte y economía. En una coyuntura de emergencia, el combustible disponible suele ir primero a la generación distribuida, al aparato estatal, a hospitales, a servicios vitales y a determinadas cadenas logísticas. El resto recibe lo que sobra. Si algo ha demostrado la crisis energética de los últimos meses es que el Gobierno no distribuye según la demanda social, sino según la urgencia política.

El Gobierno no distribuye según la demanda social, sino según la urgencia política

Ese contraste se vuelve todavía más visible en días en que el aparato propagandístico del régimen consume recursos en actos, movilizaciones y eventos políticos. Entre el 16 y el 18 de abril, La Habana acogió el V Coloquio Internacional Patria, otra vitrina de la narrativa oficial en medio de la escasez. Ese mismo 16 de abril, el castrismo volvió a 23 y 12, en El Vedado, para conmemorar el 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, y la cifra oficial habló de más de 50.000 asistentes, presentada como prueba de fuerza política.

A eso se suma la preparación del Primero de Mayo, que este año ni siquiera se celebrará en la Plaza de la Revolución, sino en la Tribuna Antiimperialista, en un contexto marcado por restricciones logísticas y energéticas que la propia convocatoria oficial admite al pedir celebrar “asumiendo con racionalidad las restricciones”. Aun así, el régimen insiste en convertir la fecha en una demostración de músculo político, con movilización de trabajadores, aparato sindical y delegaciones afines.

El problema es el costo material de sostener estas movilizaciones. Mientras se repite que no hay combustible suficiente para la vida diaria del país, sí aparecen recursos para concentraciones masivas, traslados, logística partidista y una cadena de ejercicios militares que Cuba viene realizando desde la operación estadounidense del 3 de enero en Caracas, que precipitó la caída de Nicolás Maduro. La propia prensa recogió que enero cerró con al menos tres sábados consecutivos dedicados a actividades de defensa, en paralelo al agravamiento de la crisis energética. 

Por eso la afirmación de que la nueva disponibilidad de gasolina y diésel ayudará a “mover la economía y el transporte de cargas y pasajeros” debe leerse con pinzas. En La Habana y otras provincias, la imagen dominante no ha sido la de una red de servicentros reanimada, sino la de gasolineras cerradas, turnos congelados y ventas simbólicas. 

En La Habana y otras provincias, la imagen dominante no ha sido la de una red de servicentros reanimada

A ese cuadro se añade una novedad: las importaciones privadas de combustible. Desde febrero, Estados Unidos abrió una rendija regulatoria para operaciones destinadas al sector privado cubano o a fines humanitarios, pero el propio Piñón –investigador en el Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin– advirtió de que el alcance práctico de esa medida es muy estrecho. Cupet controla terminales marítimas, bases de distribución y camiones cisterna. Además, está alquilando algunos de sus servicentros a mipymes, aunque sin dar información sobre las empresas escogidas. Una de ellas es el servicentro Acapulco, en la avenida 26 del barrio de Nuevo Vedado. Los empleados no revelan a qué empresa privada se ha rentado la gasolinera, pero dicen que en ella “solo están siendo abastecidos los negocios de esa mipyme”.

Moscú anunció otro envío de crudo y La Habana lo dio prácticamente por seguro durante la visita oficial a Rusia del viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga; pero esa expectativa choca con la nueva prórroga de la licencia acordada por EE UU a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) que mantiene expresamente a Cuba fuera de la excepción para transacciones con petróleo ruso. De modo que cualquier nuevo embarque dependería otra vez de una decisión política excepcional de Washington, como la que permitió a fines de marzo la llegada del Anatoly Kolodkin por razones que la Casa Blanca presentó como “humanitarias”. 

El cargamento ruso, por tanto, no es irrelevante. Da aire. Reduce daños. Puede recortar apagones y sostener servicios esenciales durante unos días o unas semanas. Pero venderlo como prueba de recuperación es otra cosa. El Gobierno no ha salido del bache, apenas ha conseguido, una vez más, aplazar el colapso.