Delcy Rodríguez anuncia el “fin” de la Ley de Amnistía

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la amnistía “llega a su fin”, dos meses después de que se aprobara la ley –que no contempla una caducidad– y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.

La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el “fin” de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y aseguró que los casos que “estaban excluidos expresamente” en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.

A su juicio, la amnistía “ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados”, pese a las que describió como “voces que buscan perturbar los procesos”.

La líder chavista expresó que la amnistía “surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa”, en referencia a los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano el pasado 3 de enero durante los que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 –cuando el chavismo llegó al poder–, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares

Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.

También indicó que las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.

Arreaza agregó entonces que seguían “recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país”.

Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas.

Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando

Varias ONG rechazaron este jueves que Rodríguez anunciara el “fin” de la amnistía, al considerar esta decisión como “arbitraria e inconstitucional”, ya que su derogación no es competencia del Ejecutivo y la norma no establece una caducidad.

“Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando”, manifestó Provea en su cuenta de X.

Acceso a la Justicia argumentó que la Ley de Amnistía no establece una fecha de vencimiento para los beneficiados, por lo que consideró que este instrumento sigue vigente, aunque el Ejecutivo “haya decidido que ya no lo está”.

Asimismo, explicó que esta norma solo se puede derogar “mediante otra ley de igual rango” dictada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

“La intromisión del Ejecutivo nacional en este caso, tanto en las competencias legislativas como en las judiciales, viola los principios constitucionales de separación de poderes”, apuntó Acceso a la Justicia.

Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón indicó en X que una ley de esta naturaleza no puede ser derogada por una declaración del Ejecutivo y calificó como un “atropello al Estado de derecho” el anuncio de la presidenta encargada.

La ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos

A su juicio, pretender dar por concluida esta ley representa un “acto de inseguridad jurídica” que deja en “absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico”.

“Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos”, añadió.

Reiteramos nuestra disposición a profundizar el trabajo conjunto en favor de una transición democrática en nuestro país

Por su parte, la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reiteró este jueves a Estados Unidos su disposición a trabajar en conjunto por la transición democrática en el país suramericano, tras saludar la llegada del nuevo encargado de negocios estadounidense en Caracas, John Barrett.

“Reiteramos nuestra disposición a profundizar el trabajo conjunto en favor de una transición democrática en nuestro país”, escribió la PUD en su cuenta de X.

A juicio de la plataforma, la “alianza política ha construido una hoja de ruta orientada a materializar, de la mejor manera posible, el plan de tres fases propuesto por el Gobierno estadounidense (estabilización, recuperación y transición), el cual conduce al restablecimiento de la democracia”.

En la cuenta en X de la embajada estadounidense, Barrett informó este jueves que ya se encuentra en el país, donde sustituirá a Laura Dogu, nombrada a finales de enero para reabrir la misión diplomática tras siete años sin relaciones.

El diplomático, quien viene de ser encargado de negocios en Guatemala, aseguró que seguirá “implementando el plan de tres fases” del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Delcy Rodríguez también saludó la llegada del diplomático y expresó que espera continuar la agenda de trabajo bilateral.

La coalición opositora presentó recientemente una hoja de ruta para celebrar “elecciones libres” que incluye la designación de nuevas autoridades electorales

Desde el estado Lara, donde continúa la peregrinación de trece días que convocó contra las sanciones, la mandataria instó nuevamente a que la cooperación entre Caracas y Washington sea beneficiosa para ambos pueblos.

En estos últimos meses de acercamientos, EE.UU. ha flexibilizado progresivamente su esquema de sanciones contra Venezuela, entre ellas las impuestas a los sectores de petróleo y minería y al sistema financiero público.

La coalición opositora presentó recientemente una hoja de ruta para celebrar “elecciones libres” que incluye la designación de nuevas autoridades electorales.

La líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado aseguró el sábado desde Madrid que “no hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana”, y dijo que la única garantía de estabilidad para su país “son unas elecciones limpias y libres”.

Hasta la fecha, las autoridades venezolanas han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía, y el pasado marzo, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, indicó que no era “perentorio” definir una fecha para los comicios.