Caracas/Washington/Delcy Rodríguez, la líder chavista que asumió el poder tras la detención de Nicolás Maduro, cumple cien días al frente de Venezuela bajo la tutela de EE UU, con una agenda centrada en reformas para atraer inversiones, mientras persisten críticas por derechos humanos y dudas sobre el marco legal de su gestión ante la falta de un calendario electoral.
El ascenso de Rodríguez ha dado paso, según analistas consultados por EFE, a cambios en sectores estratégicos como el petrolero y el minero, orientados a flexibilizar el marco legal y facilitar la llegada de capital extranjero, en un intento por reactivar una economía golpeada por años de crisis.
Estas reformas han estado acompañadas de anuncios de ajustes fiscales, tributarios y la promesa de un aumento salarial “responsable”, en un contexto de protestas de trabajadores que reclaman mejoras en sus ingresos en medio de una inflación persistente y deterioro del poder adquisitivo.
En paralelo, Rodríguez ha impulsado una reconfiguración del Ejecutivo, con cambios en el gabinete y en áreas clave del Estado, en un intento por adaptar la estructura de Gobierno a un nuevo escenario político y económico tras la salida de Maduro.
A cien días de su llegada al poder, uno de los principales focos de tensión sigue siendo el sustento legal de su mandato y la ausencia de una fecha para elecciones
A cien días de su llegada al poder, uno de los principales focos de tensión sigue siendo el sustento legal de su mandato y la ausencia de una fecha para elecciones. Según se desprende de la documentación registrada por el abogado de Rodríguez en Estados Unidos, planea presentarse a unos futuros comicios.
Rodríguez inscribió el martes al abogado Jihad Smaili, con oficina en California, para que la represente ante la Justicia estadounidense, de acuerdo con el Registro de Agentes Extranjeros (FARA, en inglés), que la legislación de EE UU exige a los lobistas que trabajan en el país para personas o Gobiernos extranjeros.
Según ese documento, Smaili representará a Rodríguez en litigios pendientes y futuros relacionados con la petrolera estatal Pdvsa, con la filial Citgo y con reclamaciones de acreedores.
El letrado también le prestará asesoramiento diario en asuntos vinculados con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, incluidas recomendaciones para “fortalecer y promover la relación en beneficio del pueblo venezolano”.
El partido Vente Venezuela ha reclamado que el Parlamento evalúe “la existencia de una ausencia absoluta” de Maduro
El contrato contempla además servicios relacionados con “la futura campaña política”, es decir, “su participación en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela”, así como gestiones orientadas al levantamiento de las sanciones.
Mientras tanto, el partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, ha reclamado que el Parlamento evalúe “la existencia de una ausencia absoluta” de Maduro, lo que, sostiene, obligaría a convocar elecciones “en los siguientes 30 días a dicha declaratoria”.
En su fallo del 3 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó en manos “de otros órganos del Estado” la calificación jurídica definitiva de esa ausencia, sin fijar plazos para un eventual proceso electoral.
En ese contexto, el exembajador y catedrático Sadio Garavino advirtió a EFE que desde hace “mucho tiempo” la Constitución “no se respeta” en Venezuela, por lo que no descartó que eventuales cambios respondan a “razones políticas” o a “decisiones” externas.
Sin comprometer fechas, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó en marzo pasado que habrá elecciones, pero subrayó que “lo más importante ahorita es la economía”.
Otro de los aspectos que marcan estos primeros cien días es la situación de los derechos humanos, donde organizaciones y expertos advierten cambios limitados
Otro de los aspectos que marcan estos primeros cien días es la situación de los derechos humanos, donde organizaciones y expertos advierten cambios limitados.
Para el abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, aunque se percibe “cierta apertura en materia de libertad de expresión”, esta “es muy limitada”, ya que “sigue habiendo bloqueos a portales de medios de comunicación”, “represión a la cobertura de ciertos actos públicos” y periodistas “golpeados en manifestaciones”, además de detenciones que calificó de “arbitrarias”.
“En estos 100 días ha habido una diferencia de grado, pero no de naturaleza en el régimen: tenemos las mismas estructuras, sobre todo en el aparato represivo, prácticamente intactas, y lo que ha habido es un refrenamiento de la actividad represiva, pero no su cesación total”, explicó Daniels.
Medidas como la aprobación de una ley de amnistía y la liberación de algunos detenidos han sido presentadas por el oficialismo como avances hacia la reconciliación, aunque organizaciones de derechos humanos consideran que su alcance es limitado y que no desmonta las estructuras de control existentes.
En ese sentido, Daniels advirtió que, pese a estos gestos, “no puede hablarse ni de un cambio de régimen, ni mucho menos del inicio de una transición”, al señalar que aún hay cientos de presos políticos y que las liberaciones representan solo una parte de los detenidos previos al 3 de enero.
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