La norma aprobada en el Senado de la República, impulsa sectores clave para el desarrollo del país
Daniel Montes de Oca
¿En qué consiste esta ley?
Oposición acusa malas prácticas
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El Senado de la República aprobó la Ley para el Fomento en Infraestructura y Desarrollo, que regula la inversión pública y privada en proyectos estratégicos, impulsando sectores clave como energía, trenes y carreteras, puertos, salud y agua.
Incluso, se avaló la firma de contratos por hasta 40 años para brindar certeza jurídica a inversionistas y asegurar la continuidad de estos proyectos.
No obstante, los partidos de oposición acusaron que esta norma permitirá al gobierno federal impulsar prácticas irregulares como tráfico de influencias y simulación. En respuesta, el oficialismo asegura que este ordenamiento tiene el objetivo de contribuir al bienestar del “pueblo de México”.
Cuenta con 141 artículos que buscan regular mecanismos de inversión para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, contribuyendo al “desarrollo nacional y de bienestar”, contando con la participación del sector público y privado.
Además, busca consolidar un marco jurídico integral para ordenar, fortalecer y dar certidumbre a la inversión en infraestructura estratégica en el país, bajo una visión de desarrollo con bienestar, rectoría del Estado y responsabilidad fiscal. Establece un nuevo modelo de inversión que incorpora mecanismos de financiamiento, ejecución, gobernanza, disciplina fiscal, transparencia y sostenibilidad, indispensables para garantizar su eficacia y viabilidad en el largo plazo.
También aparecen los llamados esquemas de participación mixta, que permitirán adecuar la intervención de los distintos sectores a determinados proyectos, manteniendo la rectoría del Estado y reglas claras en materia de riesgos, gobernanza y desempeño.
Lo anterior va ligado a los “Vehículos de Propósito Específico“, es decir, figuras jurídicas y financieras que facilitan la estructuración de proyectos y la canalización de recursos hacia la infraestructura productiva, sin generar obligaciones financieras para el Estado.
Al respecto, los partidos de oposición advirtieron que dicha ley contiene riesgos en la disciplina presupuestal y la posibilidad de que el Estado asuma riesgos de inversión que deberían ser privados. Agregaron que esta ley solamente fomentará “la discrecionalidad, amiguismo, tráfico de influencias y simulación”, otorgándole al gobierno federal una “licencia para robar”.
La bancada del PRI explicó que votó en contra porque este marco jurídico permitirá un patrón de “desinversión pública” y permite ocultar obligaciones financieras, debilita la disciplina fiscal, se crea un consejo sin contrapesos efectivos, y se pone en riesgo el dinero de los trabajadores.
En ese sentido, el grupo parlamentario tricolor añadió que para llevar a buen puerto esta ley, el gobierno federal tendría que tomar el 30 por ciento de los ahorros de las afores para financiar proyectos gubernamentales de infraestructura.
Mientras que el PAN indicó que la propuesta permitirá iniciar proyectos de contratación sin contar con la suficiencia presupuestaria, rompiendo el principio de responsabilidad hacendaria. Acusó que esto crea un mecanismo de endeudamiento que compromete las finanzas de las próximas generaciones.
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