El Senado aprobó la reforma electoral del Gobierno Federal en su versión diluida –Plan B– con una única modificación: el cambio en la consulta de revocación de mandato presidencial.
Era el elemento más polémico y riesgoso, pues podría convertir lo que debe ser un referéndum de carácter extraordinario, partiendo de una exigencia ciudadana por pérdida de confianza, en uno de refrendo, promovido desde el mismo poder.
Una muestra es el hostigamiento a organizaciones no gubernamentales dedicadas a revisar y evaluar políticas públicas y al ejercicio de gobierno.
Como se ha señalado con tino, la decisión del SAT contrasta con la autorización, ipso facto, de la donataria “Humanidad con América Latina”, promovida por el anterior mandatario federal, para enviar ayuda humanitaria a Cuba.
Porque, desde luego, cuando las ONG que hacen estas tareas se debilitan, la corrupción y los abusos pueden crecer. Su llamado es sensato: “Un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos”.
Ante este retroceso, es muy oportuno el señalamiento de Amnistía Internacional: la sociedad civil no es el problema; es parte de la solución.
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