Por la salud mental de niñas, niños y adolescentes, regulemos el FOMO

Para nadie –o casi nadie– las redes sociales son un secreto. En unas cuantas décadas, estas plataformas digitales se convirtieron en un elemento del desarrollo individual de las personas y de la socialización, registrando comunidades de miles de millones de personas que todos los días se conectan para interactuar y ponerse al corriente de lo que ocurre en el día mediante el scrolling, para evitar el llamado FOMO (fear of missing out o el “miedo a perderse algo”).

En el caso de aquellas personas que nacieron a partir de 1997, las llamadas generaciones “Z” y “Alfa”, que hoy representan la comunidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde el comienzo de sus vidas estuvieron en contacto directo con las tecnologías digitales; por ello, suele llamárseles “nativos digitales”, pues, incluso, niñas y niños que apenas comienzan a desarrollar su lenguaje oral y a caminar con equilibrio ya reconocen cómo manipular un teléfono inteligente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, existe una tendencia al alza en el uso de internet, teléfonos móviles y redes sociales. Tan solo en 2024, seis de cada 10 personas e 6 a 17 años usan redes sociales (64.3%), siendo Sonora la entidad federativa donde más niñas, niños y adolescentes son usuarios de estas plataformas digitales con 88.4%, 22.1% más que el promedio nacional para este grupo de edad.

Si bien se estima la importancia del internet y de las redes sociales para el disfrute de los derechos, entre ellos, la educación, la libertad de expresión y el acceso a la información, asumiendo su papel como elementos del desarrollo individual y colectivo; también se observan diferentes problemáticas asociadas con su uso excesivo y no supervisado, que van desde problemas relacionados con la salud mental, como la baja autoestima, la ansiedad, la depresión y las tendencias suicidas, hasta violencias directas provocadas por terceros, como el ciberacoso y el reclutamiento forzado por parte de los grupos de la delincuencia organizada.

La mayoría de las plataformas establecen la edad mínima de 13 años para crear una cuenta de redes sociales, no obstante, las medidas de control implementadas por las empresas tecnológicas parecen insuficientes. Ante ello, en los últimos años, países como Australia, Indonesia, Francia, Brasil, varios estados de Estados Unidos y otras han venido impulsado medidas legales y de política pública para prohibir totalmente o restringir el acceso a contenidos determinados a personas menores de 16 años, además de imponer sanciones económicas a las compañías tecnológicas que no acaten las reglas.

Actualmente no existe un marco jurídico internacional que oriente a los países en la toma de decisiones para proteger a sus poblaciones de los efectos nocivos del uso de las redes sociales. En México, el artículo 6° de la Constitución reconoce el derecho de acceso al servicio de internet, mientras que el artículo 4° del mismo texto normativo obliga al Estado mexicano a velar por el interés superior de la niñez; ambos preceptos son un punto de partida para legislar a favor de las niñas, niños y adolescentes en el espacio digital.

En este sentido, en el Senado de la República estoy impulsando una iniciativa de reforma a la Constitución y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para regular el uso de las redes sociales en la población infantil y adolescente, a través de diferentes medidas que deberán ser ejecutadas por las empresas tecnológicas y bajo la supervisión del Estado mexicano, a decir:

3. Mecanismos de atención a casos sensibles y de denuncia por la posible vulneración de sus derechos, que estén vinculados a las autoridades federales de procuración de justicia y de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es importante subrayar que estas medidas no pondrán en riesgo la libertad de expresión ni la protección de los datos personales. Se trata de incorporar un marco regulatorio que proteja los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin vulnerarlos ni anularlos. Para ello, es propone que esta política pública sea desarrollada bajo un modelo de gobernanza, incluyendo la participación de las autoridades del Estado, las empresas tecnológicas y las familias.