Crece la preocupación de las empresas españolas en Cuba por la Helms-Burton

Madrid/Casi a punto de cumplirse una semana desde la salida de Cuba de la minera canadiense Sherritt Internacional ante la posibilidad de sanciones de EE UU por sus operaciones en la Isla, las miradas están puestas sobre Meliá. La hotelera española, que gestiona 34 establecimientos propiedad del Estado cubano, se ha visto obligada a reducir sus habitaciones disponibles aproximadamente en un 50% y aunque no ha manifestado su intención de cesar el negocio, los avisos le llegan desde distintos rincones. 

Ocurrió el pasado sábado, cuando el Consejo Económico y Comercial de EE UU- Cuba (U.S.-Cuba Trade) publicó un artículo en el que se preguntaba si la compañía mallorquina sería la próxima en cesar su colaboración con el conglomerado militar Gaesa por la presión del Título IV de la Ley Helms-Burton –ya activada durante el primer mandato de Trump– y una posible inclusión en la lista SDN (Specially Designated Nationals) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE UU. Esta última es un directorio que incluye a personas, empresas o embarcaciones sancionadas, lo que implica un bloqueo financiero y la prohibición para estadounidenses de hacer negocios con ellos.

Aunque teóricamente cualquier empresa está expuesta a ello, U.S.-Cuba Trade cree que podría haber una motivación política extra para actuar contra Meliá, y es la posición del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que prohibió a EE UU el uso de las bases para las operaciones contra Irán. De hecho, el organismo cree que la salida de Sherritt pudo deberse a una situación similar con Mark Carney, primer ministro de Canadá e igualmente beligerante con el estadounidense.

El organismo cree que la salida de Sherritt pudo deberse a una situación similar con Mark Carney, primer ministro de Canadá e igualmente beligerante con el estadounidense

Meliá, además, tiene un precedente. Su consejero delegado, Gabriel Escarrer Jaume –hijo de Escarrer Juliá, fundador de la hotelera y estrechamente unido a Fidel Castro– ya fue sancionado por la Ofac en febrero de 2020. Hace exactamente seis años, el empresario, de visita en Cuba para asistir a la Feria de Turismo, afirmó ser indiferente a ello y dijo que su intención era seguir al menos otras tres décadas en la Isla. “No temblamos frente a las presiones que podemos sufrir de exteriores”, insistió.

La hotelera entonces ya había comenzado a recibir reclamaciones bajo el título III de la Helms-Burton, aunque ninguna ha prosperado. Meliá se ha acogido al reglamento europeo conocido como Estatuto de Bloqueo que impide a las empresas de la Unión someterse a medidas extraterritoriales. Las empresas radicadas en la UE tienen terminantemente prohibido aplicar legislación o sentencias de otros países citados en un anexo que incluye expresamente la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act del mismo año, 1996.

Pero ahora, recuerda U.S.-Cuba Trade, se abre la posibilidad de entrar en la lista SDN, que supondría, además de la pérdida de dos hoteles que posee en EE UU – el INNSiDE en Nueva York, y el Melia Orlando Celebration en Florida–, la posibilidad de que los bancos rompan relaciones por temor a ser afectados. 

El diario español ABC consultó para un artículo publicado este martes con un abogado especializado en este tipo de asuntos. “Desde el punto de vista jurídico es un cambio importante, ya que Estados Unidos se dota de un arma que podrá usar como quiera. Para aquellas empresas que estén en Cuba va a ser más complicada su existencia en el país. Habrá un escrutinio mucho más importante por parte de bancos, aseguradoras y socios a la hora de hacer negocios y muchas empresas se pensarán si les vale la pena continuar”, dijo José María Viñals, socio del despacho internacional Squire Patton Boggs. A su juicio, las entidades financieras deberán realizar un “análisis muy exhaustivo y revisar su historial de crédito con la Isla” y que las medidas desincentivan la inversión en Cuba.

ABC habló también con Ignacio Aparicio, del despacho Andersen abogados y responsable de los asuntos cubanos, que afirma que varias empresas han consultado sobre “la validez y continuidad de sus contratos con entidades vinculadas a Gaesa, el riesgo personal de sus directivos respecto a los visados de entrada a EE UU, y la posición de sus bancos y aseguradoras ante operaciones en curso”. El experto cree que no habrá una retirada total de las empresas españolas, pero advierte: “Este no es un riesgo hipotético ni lejano ni jurídicamente sencillo”.

Entre los posibles afectados más visibles, señala el diario madrileño, están también las hoteleras Barceló e Iberostar, el Banco Sabadell y Alto Cedro, esta última vinculada al Banco Santander, con fuerte presencia en EE UU.

“Europa tendrá que decidir si protege a las empresas europeas y se enfrenta a Estados Unidos”

Viñals, en todo caso, añade un punto más allá para el conflicto. “Europa tendrá que decidir si protege a las empresas europeas y se enfrenta a Estados Unidos”, menciona. El Estatuto de Bloqueo funciona sobre todo como una herramienta capaz de dejar sin efectos jurídicos decisiones de los tribunales estadounidenses en suelo europeo, pero poco puede hacer contra una designación de la Ofac, que funcionaría de manera coercitiva sobre otros empresarios. Sin embargo, la UE aún tiene un arma a la que jamás ha recurrido y que se conoce como bazuca comercial: el Instrumento Anticoerción (ACI). 

Creado en 2023 por la Comisión Europea, este mecanismo activa represalias comerciales directas si las autoridades determinan que hay una política que trata de condicionar las políticas de la UE o sus Estados miembros: desde aranceles a restricciones de servicios o suspensión de las patentes estadounidenses en Europa. La primera vez que entre los 27 planeó la opción de invocarlo fue el pasado enero, cuando Donald Trump amagó con apropiarse de Groenlandia, pero ante la capacidad de guerra frontal que supone su aplicación ni siquiera se llegó a considerar formalmente. 

Hace apenas una semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a sacar el ACI a la palestra, cuando Trump amenazó con nuevos aranceles a la UE. A la iniciativa se sumó Sánchez, partidario de aplicarlo para bloquear medidas contra jueces de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, aun en el caso de que la UE quisiera gastar su última bala de oro contra EE UU, la activación de la medida llevaría meses en su recorrido por las altas instancias europeas, frente a la inmediatez de las medidas de la Ofac.