Las 176 reformas no son “el retorno al capitalismo”

La Habana/“No es un paquete neoliberal ni es el retorno al capitalismo”. Con esa advertencia, el viceprimer ministro –y sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro–, Oscar Pérez-Oliva Fraga, presentó este viernes las 176 transformaciones económicas y sociales ante el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el único sindicato legal de la Isla y una de las principales correas de transmisión del Partido Comunista.

El Gobierno necesita ampliar el espacio de los negocios privados, atraer capital extranjero, descentralizar decisiones y permitir nuevas operaciones financieras, pero insiste en que nada de ello modifica los fundamentos políticos del sistema. Según Pérez-Oliva Fraga, la reforma tampoco requiere cambiar la Constitución.

El funcionario, que además dirige el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, aseguró que “si no se genera riqueza, no podemos construir la sociedad justa que queremos”. La frase supone un reconocimiento de que el Estado ya no dispone de recursos suficientes para sostener sus políticas sociales, pero evita abordar las causas internas del desplome productivo.

Entre las prioridades permanecen el control del déficit fiscal, la inflación, la regulación de precios y la bancarización. El plan estatal contempla para 2026 un déficit de 74.500 millones de pesos, de los cuales se habían acumulado 29.219 millones hasta el cierre de mayo. El Gobierno también ha autorizado 91 esquemas de autofinanciamiento en divisas, una sucesión de excepciones que beneficia a las empresas capaces de generar moneda extranjera sin solucionar el caos cambiario general.

Una parte de las reformas comenzará a aplicarse en los próximos 30 días. El calendario incluye medidas sobre los actores económicos, la Administración Central del Estado, el sector energético, la agricultura, los precios, los salarios, el comercio, la gastronomía, los servicios y la dolarización parcial de la economía.

El programa también contempla ampliar la participación privada en el turismo, el comercio exterior y el sector inmobiliario, así como facilitar la inversión extranjera de cubanos residentes fuera de la Isla. Las cooperativas podrán importar y comercializar combustible para su actividad, buscar financiación externa y abrir cuentas bancarias en el extranjero.

La letra pequeña dependerá, sin embargo, de numerosas normas todavía pendientes. El Gobierno ha creado un grupo jurídico encabezado por Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, y otro de “aseguramiento político y comunicacional”, dirigido por el Partido. Mientras el primero deberá acelerar la redacción de las disposiciones, el segundo se ocupará de administrar la explicación pública de unas medidas que pueden resultar impopulares.

Pérez-Oliva resumió la filosofía del proceso como una “unidad de dirección con descentralización de responsabilidades”. La Habana conservará el mando político y las decisiones estratégicas, mientras las empresas, los municipios y los trabajadores tendrán que obtener ingresos y responder por los resultados.

El sindicato, que agrupa a 2.069.285 afiliados, pretende también extender su presencia en las empresas privadas

“La implementación de estas transformaciones no tendrá los resultados que anhelamos si no hay una activa participación de nuestros trabajadores”, afirmó el mandatario Miguel Díaz-Canel ante los delegados. La CTC deberá convertir el programa gubernamental en un movimiento político, explicarlo en los centros laborales y acompañar los procesos de “reorientación laboral”, expresión que puede abarcar despidos, traslados, reducción de plantillas y cierres de entidades improductivas.

El sindicato, que agrupa a 2.069.285 afiliados, pretende también extender su presencia en las empresas privadas. La sindicalización de sus empleados fue uno de los asuntos debatidos, junto con los salarios, la productividad, la atención a los jubilados y la protección de los derechos laborales. No se ha explicado qué capacidad tendría la CTC para enfrentarse al empleador estatal o privado, pero parece evidente que los trabajadores no podrán organizarse al margen de la central subordinada al Partido.

La crisis energética atravesó incluso la organización del congreso. De los 759 delegados, 561 participaron mediante videoconferencia y solo 198 se reunieron en el Palacio de Convenciones de La Habana. Cerca de tres de cada cuatro sindicalistas no pudieron asistir presencialmente al encuentro convocado para debatir la recuperación económica del país.

Los delegados también analizaron el proyecto del nuevo Código del Trabajo, que será presentado a la Asamblea Nacional en julio. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, calificó la propuesta de “revolucionaria, novedosa y actualizada a los tiempos actuales”.

Monreal destacó que el verbo “permitir” aparece 29 veces en el documento

Entre sus novedades figuran la incorporación excepcional al empleo de adolescentes de entre 15 y 18 años, el pluriempleo, el llamado trabajo combinado y la posibilidad de fijar jornadas inferiores a ocho horas con una remuneración proporcional. Las autoridades no detallaron qué labores podrán realizar los menores ni qué garantías evitarán que la pobreza y el deterioro familiar terminen empujándolos prematuramente al mercado laboral.

El economista cubano Pedro Monreal cuestionó que el listado pueda considerarse una reforma coherente. Las 176 medidas son un “monstruo”, o “quizás más bien un híbrido deforme”, escribió en X. A su juicio, el Gobierno intenta incorporar elementos de una economía de mercado sin reconocer la propiedad privada como un derecho protegido frente al poder estatal.

Monreal destacó que el verbo “permitir” aparece 29 veces en el documento. “‘Permitir’ es una postura permisiva del poder”, observó, porque conserva la idea de que la actividad privada es una concesión que la autoridad puede modificar o retirar.

“En ninguna parte de las 176 medidas es posible identificar un reconocimiento sustantivo del derecho a la propiedad privada”, añadió. Tampoco aparecen garantías claras sobre arbitraje comercial, reclamaciones, compensaciones o resolución de disputas.

El Gobierno quiere que los privados inviertan, produzcan riqueza y asuman riesgos, pero no parece dispuesto a limitar jurídicamente el poder que decide quién puede operar y bajo qué condiciones. La CTC tendrá ahora la misión de incorporar a esos empresarios y trabajadores a sus filas, mientras se asegura de que la apertura económica no sea confundida con un retorno al capitalismo.