La Habana/En medio de un cerco petrolero sin precedentes a Cuba, el presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogó un año más, hasta septiembre de 2027, la Trading With the Enemy Act (TWEA), o Ley de Comercio con el Enemigo, uno de los pilares jurídicos históricos utilizados para mantener las sanciones económicas contra la Isla.
Horas después de la publicación de la prórroga, La Habana condenó la medida a través del canciller Bruno Rodriguez, quien se refirió al mecanismo como “una política genocida que se mantiene contra nuestro pueblo por más de seis décadas”. En un mensaje en X, el ministro de Exteriores consideró que “la renovación de la llamada Ley de Comercio con el Enemigo hasta septiembre de 2027 no es un acto administrativo menor, sino la confirmación de que Washington persiste en su propósito de asfixiar a una nación entera. Esta extensión llega en el momento más cruel de la ofensiva estadounidense contra Cuba en años recientes”.
La decisión, que aparece como la Determinación Presidencial 2026-21, fue firmada por Trump el pasado 20 de agosto y refuerza el entramado de sanciones que La Habana califica de “bloqueo económico, financiero y comercial”.
Refuerza el entramado de sanciones que La Habana califica de “bloqueo económico, financiero y comercial”
“La continuación del ejercicio de esas facultades con respecto a Cuba por un año es de interés nacional para Estados Unidos”, señaló Trump en el documento emitido desde la Casa Blanca.
La TWEA, vigente desde 1917, fue aplicada a Cuba el 19 de octubre de 1960 por el entonces presidente Dwight Eisenhower como respuesta a la nacionalización de propiedades estadounidenses tras el triunfo de la Revolución castrista en 1959. Dos años más tarde, el presidente John F. Kennedy firmó el decreto que lo convirtió en un embargo que prohibía las transacciones comerciales y financieras con la isla.
A lo largo de las décadas, la política se codificó y endureció mediante leyes como la Torricelli (1992) y la Helms-Burton (1996), que extendieron su alcance a terceros países y empresas extranjeras. Desde entonces, cada presidente estadounidense ha renovado anualmente la aplicación de la Ley de Comercio con el Enemigo respecto a Cuba.
La renovación del embargo no incluye nuevas sanciones, prohibiciones para viajar, restricciones adicionales a las remesas ni nuevas empresas cubanas en la lista negra de EE UU. No obstante, llega en un momento muy diferente al de años anteriores, pues este año la Casa Blanca ha desplegado un nuevo programa de sanciones específicamente dirigido contra funcionarios, empresas estatales y sectores estratégicos de la economía cubana.
Trump firmó una orden que amplía las sanciones contra el Gobierno cubano y autoriza el bloqueo de bienes de funcionarios, empresas estatales, entidades financieras
El 1 de mayo, Trump firmó una orden que amplía las sanciones contra el Gobierno cubano y autoriza el bloqueo de bienes de funcionarios, empresas estatales, entidades financieras y personas vinculadas a la represión, la corrupción o sectores estratégicos de la economía de la Isla.
Ello ha impactado en navieras y aseguradoras que transportan crudo y cargas comerciales hacia Cuba, que han cancelado el abastecimiento de combustibles y otros tipos de productos. Además, el cerco financiero también se ha intensificado, lo que llevaría a que bancos extranjeros enfrenten multas millonarias por realizar operaciones con entidades cubanas, mientras compañías de terceros países son amenazadas con represalias si invierten o mantienen su presencia en sectores estratégicos como el turismo o la minería, lo que ha provocado una estampida de empresas extranjeras en el país.
La Habana ha denunciado reiteradamente que las sanciones de EE UU buscan “asfixiar” la economía nacional, limitar el acceso a mercados y tecnologías y provocar escasez de bienes esenciales, con el objetivo de desatar un estallido social.
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