Orizaba, Ver.- La iniciativa que busca permitir a los ayuntamientos destinar recursos directamente al mantenimiento y mejoramiento de escuelas públicas pretende resolver uno de los principales obstáculos que actualmente enfrentan las autoridades municipales: la falta de certeza jurídica sobre la propiedad de numerosos planteles educativos.
La diputada local por el distrito XX de Orizaba, Nallely Camarillo Mendoza, explicó que, de aprobarse la propuesta, los municipios contarán con un respaldo legal y fiscal para intervenir en las escuelas sin exponerse a observaciones por el manejo de recursos públicos.
Señaló que uno de los problemas existentes es que algunas escuelas carecen de escrituras o documentos que acrediten plenamente la propiedad del inmueble, situación que generaba incertidumbre para los ayuntamientos que pretendían invertir en su rehabilitación.
Ante este escenario, las autoridades municipales podían enfrentar cuestionamientos durante los procesos de fiscalización, debido a que destinaban presupuesto público a inmuebles que jurídicamente no contaban con la documentación necesaria para acreditar su propiedad.
Camarillo Mendoza destacó que la reforma busca precisamente brindar esa certeza, de tal manera que apoyar a una escuela que no cuenta con escrituras no sea considerado por sí mismo como una acción que pueda derivar en daño patrimonial o desvío de recursos, siempre que el gasto se realice bajo los mecanismos establecidos por la nueva legislación.
La legisladora indicó que actualmente esta falta de certeza jurídica ha sido uno de los factores que han limitado la participación de los gobiernos municipales en el mejoramiento de planteles, pese a que existen escuelas que requieren con urgencia trabajos de mantenimiento, rehabilitación, pintura y otras obras.
Con el nuevo marco legal, los ayuntamientos tendrían herramientas para justificar fiscalmente las inversiones realizadas en beneficio de las comunidades escolares, además de establecer con mayor claridad las condiciones bajo las cuales podrán ejercer recursos públicos en estos espacios.
La propuesta también busca fortalecer la transparencia en el uso del presupuesto, pues la intención es evitar que los recursos destinados a las escuelas sean utilizados de manera irregular. De esta forma, las autoridades tendrían mayor claridad sobre la aplicación y comprobación del dinero público.
Camarillo Mendoza añadió que la cantidad que cada municipio pueda destinar dependerá de sus propias condiciones financieras y de la distribución de su presupuesto, por lo que no se contempla imponer un monto uniforme para todos los ayuntamientos.
Finalmente, la diputada consideró que la aprobación de esta iniciativa representaría un avance para que las escuelas públicas puedan recibir mayor apoyo de los gobiernos municipales, especialmente aquellas que actualmente enfrentan carencias de infraestructura y que, por problemas de escrituración o certeza jurídica, habían quedado prácticamente fuera de las posibilidades de inversión municipal.
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