Orizaba, Ver.- La Cuenta Pública 2025 dejó bajo la lupa el manejo de los recursos públicos en las Altas Montañas: 18 ayuntamientos de la región acumularon un presunto daño patrimonial por 183 millones 328 mil 748.72 pesos, de acuerdo con los resultados de la fiscalización superior realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis).
Los señalamientos corresponden al ejercicio fiscal 2025, último año de las administraciones municipales que concluyeron ese periodo, y derivan de auditorías financieras-presupuestales y técnicas a la obra pública.
El Orfis precisa que las observaciones que persisten después de la etapa de solventación pueden hacer presumir la existencia de daño patrimonial y dar lugar a la promoción de responsabilidades.
El informe general exhibe un panorama que va desde recursos sin comprobar, diferencias contables y erogaciones sin documentación suficiente, hasta irregularidades en contratos, pagos, ejecución de obras, volúmenes no ejecutados, obras sin terminar, deficiencias constructivas y falta de permisos, validaciones o acreditación de la propiedad de los terrenos.
El propio Orfis enumera este tipo de inconsistencias entre los principales hallazgos encontrados durante la revisión de las cuentas municipales.
En la región, los informes individuales muestran casos concretos.
Por ejemplo, en Acultzingo, el órgano fiscalizador determinó un presunto daño patrimonial de 6 millones 591 mil 678.95 pesos, derivado de observaciones financieras y de obra pública.
En Ixtaczoquitlán, el monto señalado asciende a 5 millones 100 mil pesos, correspondiente a una observación técnica relacionada con obra pública.
Mientras que en La Perla, el Orfis documentó observaciones por 10 millones 382 mil 830.53 pesos en materia de obra pública.
También aparecen señalamientos en otros municipios de la zona.
En Camerino Z. Mendoza, el informe documenta presuntos daños derivados de deficiencias en la operación de obras, recursos aplicados en rubros no autorizados y pagos improcedentes que suman 5 millones 160,374.62 pesos.
En Nogales se detectaron, 3 millones 401,460.32, entre otros aspectos, pagos relacionados con volúmenes de obra no ejecutados.
En Rafael Delgado, el Orfis reportó un presunto daño patrimonial de 3 millones 409 mil 627.41 pesos por volúmenes pagados y no ejecutados, considerando el reintegro presentado durante la solventación.
En municipios serranos como Tequila, Tlilapan y Zongolica, las auditorías también dejaron observaciones relacionadas con la ejecución de obra.
En Tequila, por ejemplo, el Orfis documentó 22 millones 624, 569.80 pesos, señalamientos por obras sin terminar, falta de permisos y acreditación de propiedad; en Tlilapan aparecen observaciones por falta de validaciones y deficiencias técnicas con un monto de 3 millones 38,308.77; mientras que en Zongolica fueron señaladas obras con deficiencias, pagos en exceso, volúmenes no ejecutados y falta de permisos y licencias, lo que acumula un presunto daño patrimonial de 12 millones 440,494.01 pesos.
El expediente fiscalizador deja claro que los señalamientos no desaparecen por el cambio de administración municipal.
El Orfis establece que los pliegos de observaciones pueden ser dirigidos a servidores públicos o personas responsables aun cuando ya se hayan separado del cargo, quienes deben presentar documentación justificatoria y comprobatoria para intentar solventar las irregularidades detectadas.
Por ello, exalcaldes, exsíndicos, extesoreros y otros exservidores públicos que hayan tenido responsabilidad en el manejo de los recursos durante 2025 podrían enfrentar procedimientos derivados de las observaciones, dependiendo de lo que determine cada expediente.
El Orfis señala que, cuando las irregularidades no son solventadas, puede promover el fincamiento de responsabilidades y la determinación de daños y perjuicios ante las instancias competentes.
El dato contrasta con los municipios que lograron concluir la revisión sin irregularidades que hicieran presumir daño patrimonial.
En el informe general, el Orfis señala que únicamente 30 de los 211 municipios auditados quedaron fuera de esa categoría y sólo presentaron inconsistencias administrativas y recomendaciones; entre ellos aparecen Orizaba, Río Blanco y Soledad Atzompa, municipios de la región que no fueron incluidos entre los 181 con presunto daño patrimonial estatal.
La revisión de la Cuenta Pública 2025 coloca así nuevamente el manejo de los recursos municipales de las Altas Montañas bajo escrutinio.
Los 183 millones 328 mil 748.72 pesos señalados para los 18 ayuntamientos representan observaciones que deberán seguir el procedimiento establecido por la legislación, por lo que será la solventación y, en su caso, las resoluciones de las autoridades competentes las que determinen si existen responsabilidades y qué servidores públicos deberán responder por ellas.
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