Orizaba, Ver.- Una representación de docentes y personal administrativo disidente del sindicato del Instituto Tecnológico de Orizaba respaldó a estudiantes y demandó la intervención de las autoridades federales para revisar la labor de directivos, representantes sindicales y responsables administrativos.
A través de un documento señalaron presuntas irregularidades en la administración del plantel y solicitaron la destitución de la directora Marisela Gallardo, así como de Gabriela Cabrera, Guadalupe Luna y Eduardo Roldán. También pidieron la intervención de Ramón Jiménez y del órgano interno de control para realizar las auditorías que correspondan.
Los inconformes cuestionaron particularmente el manejo de recursos obtenidos de inscripción y reinscripción. Mencionaron que los estudiantes de nuevo ingreso pagan cerca de 3 mil 50 pesos por inscripción, mientras que la reinscripción cuesta aproximadamente mil 560 pesos, además de mil 300 pesos por derecho al examen de admisión.
Estimaron que estas cuotas representarían ingresos superiores a los 11 millones de pesos durante los procesos de agosto, sin considerar los recursos obtenidos en enero, cuando, señalaron, disminuye el número de aspirantes y estudiantes de nuevo ingreso.
La representación disidente demandó que se transparente el destino de estos recursos y que se revisen los gastos efectuados en el Tecnológico de Orizaba.
En este contexto, señalaron presuntas inconsistencias en cotizaciones y facturas, afirmaciones que, dijeron, deberán ser investigadas y acreditadas mediante una auditoría formal.
En el ámbito sindical y académico, los trabajadores denunciaron lo que calificaron como una presunta asignación discrecional de plazas correspondientes al artículo 23, relacionadas con interinatos.
Mencionaron a Andrea Alvarado Vallejo, Óscar Leal, Daniel Navarrete, Jonathan Josué Cid Galiot, Jonathan Capistrán, Guadalupe Márquez y Alejandra Márquez, a quienes relacionaron familiar o laboralmente con personas de la institución.
Asimismo, señalaron que en plazas administrativas presuntamente se habría favorecido el ingreso de familiares o personas cercanas a integrantes de la estructura sindical. Entre los casos mencionados se encuentran Guadalupe Rojas, José Luis Pimentel y Rafael Silva.
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