El espacio fiscal es la capacidad de un gobierno para movilizar recursos adicionales o reasignar los existentes con el propósito de alcanzar objetivos económicos y sociales, manteniendo una trayectoria sostenible de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica. En términos sencillos, representa el margen de maniobra del Estado una vez considerados sus compromisos presupuestarios, su capacidad de generar ingresos y las restricciones derivadas del déficit y el endeudamiento (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2012. Hacia el derecho al trabajo: Una guía para la elaboración de programas públicos de empleo innovadores).
Una aproximación sencilla para medirlo es:
Espacio fiscal = ingresos presupuestarios – gastos ineludibles.
En México, entre los gastos ineludibles se encuentran las participaciones y aportaciones, el servicio de la deuda, las pensiones, las empresas productivas del Estado y las entidades de control presupuestario directo. Sin embargo, una evaluación integral también debe considerar el crecimiento económico, las tasas de interés, el tipo de cambio, la estructura de vencimientos de la deuda, los activos públicos, los pasivos contingentes y las presiones futuras sobre el gasto (Villarreal, H. y Villa, J., 2021. Medición del espacio fiscal en México. Problemas del Desarrollo, UNAM).
La evolución del espacio fiscal entre 2020 y 2027 puede dividirse en tres etapas, determinadas por los choques macroeconómicos, la acumulación de rigideces presupuestarias y las decisiones de política fiscal.
Primera etapa: 2020-2021. El espacio fiscal pasó de 3.0% del PIB en 2020 a 2.0% en 2021. La pandemia provocó una contracción del PIB de 8.0% en 2020 y redujo los ingresos tributarios y petroleros. Para amortiguar sus efectos sobre las finanzas públicas se utilizaron recursos extraordinarios no recurrentes, entre ellos 236,400 millones de pesos del Fondo de **Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y recursos provenientes de la disolución de diversos fideicomisos. Una vez agotados estos amortiguadores, los ingresos presupuestarios disminuyeron 0.5% real en 2021.
Ese año, 83.7% del presupuesto total correspondió a gasto obligatorio. Las pensiones contributivas y no contributivas representaron 4.9% del PIB y las participaciones a las entidades federativas disminuyeron 6.4%, como consecuencia de la menor Recaudación Federal Participable. El margen para reasignar recursos hacia nuevas prioridades se redujo, por tanto, considerablemente.
Segunda etapa: 2022-2024. El espacio fiscal aumentó ligeramente a 2.2% del PIB en 2022, disminuyó a 2.0% en 2023 y alcanzó un mínimo de 0.8%-0.9% del PIB en 2024. El deterioro estuvo asociado con el repunte inflacionario y el endurecimiento de la política monetaria, que elevaron las tasas de interés y el costo financiero de la deuda. Este último aumentó 30.0% real y pasó de 2.7% a 3.4% del PIB en 2023, manteniendo una elevada presión en 2024. Paralelamente, el gasto en pensiones alcanzó 5.4% del PIB en 2023 y los gastos ineludibles llegaron a representar 20.4% del PIB en 2024.
La ausencia de una reforma tributaria estructural mantuvo los ingresos tributarios y no tributarios alrededor de 21.3%-22.7% del PIB, mientras el financiamiento de compromisos permanentes, megaproyectos de infraestructura y apoyos a Pemex contribuyó al aumento del endeudamiento. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) alcanzaron entre 5.4% y 5.9% del PIB en 2024.
Tercera etapa: 2025-2027. El espacio fiscal se recuperó parcialmente hasta 1.7% del PIB en 2025 y se proyecta que se mantenga entre 1.6% y 1.7% hacia 2027. Para reducir el déficit alcanzado en 2024, el gobierno emprendió un proceso de consolidación fiscal orientado a disminuir los RFSP a 3.9% del PIB y mantenerlos en ese nivel en 2027. Al no contemplarse nuevos impuestos ni incrementos generalizados de las tasas existentes, el ajuste se concentró principalmente en el gasto programable.
La inversión física se convirtió en una de las principales variables de ajuste, junto con reducciones en funciones consideradas más flexibles, como salud, educación e infraestructura. Los ingresos presupuestarios se proyectan entre 22.3% y 23.2% del PIB, mientras los gastos ineludibles continuarían alrededor de 20.6% del PIB, impulsados por pensiones, que alcanzarían 6.0% del PIB, y por un costo financiero equivalente a 3.8%-4.0% del PIB. En 2026, el gasto rígido representó 10.7% del PIB y absorbió 48.3% de los ingresos presupuestarios. Por ello, la recuperación del espacio fiscal debe considerarse parcial e inestable, pues depende en buena medida de la contención de partidas flexibles y no de un aumento estructural de la recaudación (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, (CIEP), Implicaciones del Paquete Económico, ejercicios 2021-2027; Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), CGPE 2027).
La recuperación sostenible del espacio fiscal exige recomponer el gasto, fortalecer los **ingresos permanentes y utilizar selectivamente el endeudamiento, sin comprometer el crecimiento económico ni los gastos sociales esenciales. La primera vía no debe consistir en una austeridad generalizada, sino en una recomposición estructural del gasto, mediante la reducción de costos administrativos, eliminación de duplicidades, mejora de las compras públicas, revisión de subsidios y programas de bajo rendimiento y evaluación rigurosa de los proyectos de inversión.
En pensiones, los derechos adquiridos limitan las posibilidades de reducción inmediata, por lo que la estrategia debe orientarse a contener gradualmente las presiones futuras mediante una mejor coordinación entre sistemas, reducción de duplicidades y revisión de regímenes cuando jurídicamente resulte posible. En Pemex y CFE debe distinguirse entre inversión productiva y transferencias recurrentes destinadas a cubrir ineficiencias, evaluando los proyectos por su rentabilidad, productividad, seguridad energética, costo fiscal y riesgo financiero.
La segunda vía consiste en fortalecer los ingresos permanentes sin depender exclusivamente de aumentos en las tasas impositivas. Las prioridades son mejorar la administración tributaria, reducir la evasión y la elusión, ampliar la base gravable, promover la formalización y revisar los gastos fiscales. El uso de herramientas de análisis de datos, el intercambio de información y el combate a empresas factureras pueden elevar la recaudación. Asimismo, la simplificación y digitalización de la formalización permitirían ampliar la base tributaria. Los gastos fiscales —exenciones, deducciones, tasas reducidas, créditos y estímulos— deberían evaluarse periódicamente según sus beneficios económicos y sociales frente a su costo recaudatorio. También existe margen para fortalecer los ingresos subnacionales mediante catastros actualizados, modernización del impuesto predial y mejor administración del cobro.
La tercera vía es el endeudamiento selectivo. La deuda no constituye una ampliación permanente del espacio fiscal: proporciona recursos presentes, pero genera obligaciones futuras y mayores costos financieros. Puede contribuir a ampliar el margen fiscal cuando financia inversiones capaces de elevar la productividad y el crecimiento potencial. Para ello se requieren reglas de sostenibilidad, evaluación costo-beneficio y mecanismos que eviten utilizar deuda para financiar permanentemente gasto corriente, déficits estructurales o pérdidas recurrentes de empresas públicas (CIEP, 2023; Villarreal y Villa, 2021; SHCP, CGPE 2027; Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2025; Naciones Unidas y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Estudio Económico: México 2026).
La reducción del espacio fiscal representa un riesgo latente para la calificación soberana de México, pues limita la capacidad del Gobierno Federal para absorber choques externos, estabilizar la deuda y financiar nuevas prioridades sin recurrir a un mayor endeudamiento. Esta vulnerabilidad resulta especialmente crítica por el estrecho margen que el país mantiene dentro del grado de inversión.
En mayo de 2026, Moody’s Ratings redujo la calificación soberana a Baa3, con perspectiva estable, al identificar como factores determinantes las rigideces del gasto, el apoyo continuo a Pemex y el debilitamiento de los anclajes fiscales. S&P Global Ratings, por su parte, mantiene la calificación en BBB para la deuda en moneda extranjera y en BBB+ para la denominada en moneda local, mientras que Fitch Ratings la ubica en BBB-, apenas un escalón por encima del grado especulativo.
Si la erosión del espacio fiscal persiste, los indicadores de deuda seguirán deteriorándose y el margen de maniobra de las finanzas públicas se reducirá aún más, lo que intensificará la presión sobre las evaluaciones de riesgo crediticio.
En síntesis, la reducción del espacio fiscal compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas al limitar la capacidad del gobierno para absorber choques, invertir y corregir desequilibrios sin aumentar la deuda ni recortar partidas flexibles. Recuperarlo exige una estrategia integral sustentada en tres componentes: recomponer el gasto y reducir obligaciones de baja productividad; fortalecer de forma permanente los ingresos mediante una mejor administración tributaria, una base más amplia y mayor crecimiento económico; y recurrir selectivamente a la deuda para financiar inversión productiva.
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