Orizaba, Ver.- Con una operación financiera de 40 millones de pesos hecha en 2021 y una escritura pública que documenta la compraventa, el ayuntamiento de Orizaba cuenta con el instrumento jurídico con el que acredita la propiedad municipal del centro de espectáculos La Concordia, un inmueble cuya posesión y destino han causado debate en torno si es patrimonio público.
La adquisición quedó formalizada con el instrumento notarial número 29706, en noviembre de 2021 en la notaría pública 13 de la décima quinta demarcación notarial con residencia en Orizaba.
En el documento aparecen como vendedores José Alberto Pérez Fuentes y Patricia Contreras Acosta, mientras que el ayuntamiento intervino como comprador, representado por el entonces presidente municipal Igor Fidel Rojí López, actual secretario de Turismo, y la exsíndica Araceli Reyes Abarca.
La escritura establece que la operación fue autorizada por el cabildo mediante acuerdo adoptado en sesión extraordinaria celebrada el 1° de octubre de 2021. Con ello, la adquisición quedó vinculada a una decisión formal del órgano de gobierno municipal.
El inmueble adquirido corresponde al predio donde se encuentra y comprende una superficie de 17 mil 29 metros cuadrados con 36 decímetros cuadrados. La escritura establece sus medidas y colindancias, además de identificar su ubicación entre las avenidas Colón Oriente y Oriente 5 y las calles norte 36 y norte 38.
El valor total de la operación fue fijado en 40 millones de pesos. De acuerdo con el documento, 16 millones 128 mil pesos correspondieron al terreno y 23 millones 872 mil pesos a las construcciones existentes.
Un aspecto que adquiere relevancia es que la compra no se pactó como una operación de pago inmediato. La escritura la identifica como una “compraventa de inmueble a plazos sin reserva de dominio” y establece diferentes ministraciones hasta cubrir la totalidad del precio.
Entre los pagos registrados se encuentra una cantidad de un millón de pesos entregada el 28 de septiembre de 2021, así como 5 millones de pesos cubiertos el 5 de noviembre del mismo año.
El documento contempla además otros pagos y establece condiciones para cubrir el saldo restante con recursos federales, hasta completar los 40 millones de pesos pactados.
La escritura señala que los vendedores transmitieron al ayuntamiento la propiedad, posesión y demás derechos que les correspondían sobre el inmueble. También establece disposiciones relacionadas con la liquidación total del precio y la formalización correspondiente una vez cubierto el monto pactado.
Refiere además que, al momento de la operación, el inmueble se encontraba libre de gravamen y sin contrato de arrendamiento, además de señalar que estaba al corriente en obligaciones fiscales municipales.
Así, sobre la posesión del inmueble existe una escritura pública que identifica al ayuntamiento de Orizaba como comprador y establece las condiciones bajo las cuales se concretó la adquisición.
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