El informe que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz presentó el 7 de septiembre, al cumplirse un año de la nueva integración del Poder Judicial de la Federación, contiene un dato que merece pesarse fuera del ruido político: de mil 479 asuntos heredados de la administración anterior, sólo 44 permanecen sin resolver. Entre los que sí se desahogaron hay expedientes que databan de 2014 y 2015, expedientes con nombre y apellido, con una parte que esperaba una resolución desde hace más de una década mientras el asunto se guardaba en un cajón administrativo. Ese dato, más que cualquier discurso, es la medida real de lo que significó heredar una Corte que atraía casos con el único fin de ganar tiempo.
El cambio tecnológico que sostiene esa cifra tampoco es un adorno retórico. La sustitución de la captura manual por expedientes electrónicos, la asignación aleatoria de turnos y el seguimiento digital de cada caso resuelven un problema que durante años se disfrazó de complejidad jurídica cuando en realidad era opacidad administrativa. Un tribunal que no sabe con certeza cuántos asuntos tiene, cuánto tarda en resolverlos ni qué hace con ellos no está atrasado por la naturaleza del Derecho: está atrasado porque decidió no medirse. Suspender la difusión de estadísticas construidas sobre ese método y reconstruir el sistema desde cero es una decisión incómoda de anunciar, pero es la única honesta cuando los datos previos no resistían una pregunta básica.
El recorte que acompaña ese cambio pesa en la misma dirección. La eliminación del seguro de gastos médicos mayores y de privilegios históricos para ministras y ministros, junto con la reducción de 10 por ciento en la plantilla administrativa, produjo un ahorro de 4 mil 700 millones de pesos. Una Corte que se limita a sí misma antes de exigir austeridad a otros poderes construye una autoridad moral que ningún discurso puede simular.
Nada de esto exige adherirse a cada gesto del nuevo Poder Judicial ni convertir el informe en una pieza de propaganda. La reforma judicial sigue teniendo zonas por demostrar y el propio ministro presidente admitió que persisten críticos que documentan rezago en áreas concretas. Un balance de un año no cierra un debate que seguirá midiéndose informe tras informe y la nueva Corte tendrá que sostener estas cifras con la misma transparencia que hoy reclama a la anterior. La defensa de lo que ya ocurrió no equivale a una carta en blanco para lo que falta.
El contraste protocolario del propio evento confirma el argumento de fondo. Al último informe de Norma Piña asistió únicamente un subsecretario de Gobernación; al de Aguilar Ortiz acudieron la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Fiscalía General de la República y los presidentes de las mesas directivas de ambas cámaras. Una Corte que dialoga con los otros poderes sin subordinarse a ellos es exactamente lo que Aguilar Ortiz planteó al afirmar que el Poder Judicial “no atiende encargos” ni sigue “el pulso de las coyunturas”.
Lo que sí resulta insostenible es la mezquindad de quienes reducen ese balance a una ocurrencia sobre acordeones. Burlarse de la forma en que se presentan las cifras, sin poner un solo argumento sobre la mesa que explique por qué mil 435 expedientes congelados durante años no importaban, es una crítica que se conforma con el gesto y evita el número. Quien tuvo un asunto empantanado desde 2014 no necesita una ironía sobre el estilo del informe: necesitaba la resolución que finalmente llegó. Cuestionar la reforma judicial con datos propios es un ejercicio legítimo y necesario; despacharla con sarcasmo sin tocar la cifra central del rezago desahogado es, simplemente, no querer discutir lo que sí cambió.
La justicia que tardaba años en resolver dejó de ser, en este primer aniversario, una promesa. Los expedientes que ya no esperan son la prueba.
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